Casi 400 agentes policiales respondieron a un tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde, pero una "toma de decisiones atrozmente deficiente" resultó en más de una hora de caos antes de que finalmente se confrontara y abatiera al hombre que asesinó a 21 personas, según un informe de investigadores dado a conocer este domingo.
El informe de casi 80 páginas fue el primero en criticar tanto a los cuerpos policiales estatales como federales, y no sólo a las autoridades del poblado del sur de Texas por la desconcertante falta de acción de agentes fuertemente armados mientras el agresor disparaba dentro de un aula de cuarto grado.
"En la Primaria Robb, los agentes policiales no se apegaron a su entrenamiento en caso de un atacante activo, y no le dieron prioridad a salvar vidas inocentes por encima de su propia seguridad", afirma el informe.
El agresor disparó aproximadamente 142 balas dentro del inmueble y "es casi un hecho" que efectuó al menos cien detonaciones antes de que cualquier agente ingresara al lugar, según el documento, el cual detalló muchas de las fallas en la respuesta. Entre ellas están:
►El comandante de un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza esperó a que llegara un escudo antibalas y a recibir una llave maestra del aula, que podrían no haber sido necesarios.
►Nadie asumió el mando a pesar de la gran cantidad de policías en el lugar.
►Un agente del Departamento de Policía de Uvalde dijo que se enteró de las llamadas al número de emergencias 911 que venían del interior del aula, y que, a su entender, los agentes policiales ubicados a un costado del edificio sabían que había víctimas atrapadas. De todas formas, nadie intentó irrumpir en el salón de clases.
El informe —la versión más completa hasta la fecha sobre la titubeante y desorganizada respuesta a la masacre del 24 de mayo— fue elaborado por una comisión investigadora de la Cámara de Representantes de Texas. Rápidamente, los hallazgos desataron al menos una consecuencia: el teniente Mariano Pargas, un agente del Departamento de Policía de Uvalde que era el jefe policial interino de la ciudad durante la masacre, fue puesto en licencia administrativa.
Familiares de las víctimas en la localidad recibieron copias del informe antes de que fuera dado a conocer al público. "Es una broma. Son una broma. No tienen nada que hacer portando una placa. Ninguno de ellos", dijo Vincent Salazar, abuelo de Layla Salazar, víctima de la masacre.
Según el informe, 376 agentes policiales acudieron a la escuela. La inmensa mayoría de ellos eran estatales y federales, incluyendo 150 de la Patrulla Fronteriza y 91 miembros de la policía estatal. "Además del atacante, la comisión no encontró otros «villanos» en el transcurso de su investigación. No hay a quién podamos atribuir motivos dolosos o mezquinos. En su lugar, encontramos fallas sistémicas y una toma de decisiones atrozmente deficiente", señala el informe.