La ministra de Justicia austríaca, Maria Berger, dijo que las autoridades locales fueron ingenuas al lidiar con Josef Fritzl, quien admitió haber encerrado a su hija en un sótano durante 24 años y ser el padre de sus siete hijos.
La ministra de Justicia austríaca, Maria Berger, dijo que las autoridades locales fueron ingenuas al lidiar con Josef Fritzl, quien admitió haber encerrado a su hija en un sótano durante 24 años y ser el padre de sus siete hijos.
Esta es la primera vez que el gobierno reconoce defectos oficiales en la gestión del caso, ya que el austríaco no tuvo ningún problema para que le dieran en adopción a los tres chicos.
"Mirando todo lo que sabemos hasta ahora, puedo ver una cierta ingenuidad, especialmente cuando se ve el cuento de que ella se había unido a una secta, con el que el sospechoso explicó la desaparición de su hija", declaró Berger al diario austríaco Der Standard.
El caso también ocupó al Parlamento, en el que todos los partidos políticos se mostraron ayer de acuerdo en endurecer las penas para violadores.
El ministro del Interior de Austria, Günther Platter, instó a los ciudadanos a tener más coraje cuando observen actividades sospechosas de sus vecinos. "No quiero un Estado policial, como dicen algunos, pero lo cierto es que muchas veces la gente dice «eso no es asunto mío»", dijo Platter.
El gobierno, a menos de dos años después de que Natascha Kampusch escapara tras estar ocho años encerrada en un sótano, discute ahora endurecer la legislación sobre los delitos sexuales. En la cuestión sobre la violencia contra niños, no puede haber compromisos", manifestó el canciller Alfred Gusenbauer. El período tras el cual se eliminan los delitos de los antecedentes se doblaría a 30 años, y en casos graves nunca se retirarían. Gusenbauer dijo que los abusadores no deberían tener permitido adoptar niños y trabajar con jóvenes.
Los medios y organizaciones de asistencia cuestionaron la decisión de permitir que Fritzl cuidara a los niños, dado que fue condenado por violación en los 60. El juez que dictaminó la adopción declaró que no había pedido sus antecedentes policiales porque no tuvo razones para hacerlo. La condena habría sido eliminada del archivo en el momento de la decisión. l (Reuters)
Por Matías Petisce
Por Gustavo Conti
Por Luis Castro
