Pandemia

Fernández firmaría un DNU para habilitar la llegada de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen

Distintas versiones que circularon este jueves indicaron que el decreto podría ser rubricado en horas. El gobierno destrabaría así las donaciones que anunció Estados Unidos.

Jueves 01 de Julio de 2021

Distintas versiones indicaron este jueves que el presidente Alberto Fernández se dispondría a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaría la llegada al país de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.

El decreto podría ser firmado este viernes y modificaría los párrafos de la Ley de Vacunas objetados por el laboratorio estadounidense Pfizer y que impidieron la firma del contrato con esa compañía para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Uno de los objetivos del gobierno sería poder contar con la vacuna de Pfizer-BioNTech para vacunar a la franja de adolescentes de entre 12 y 17 años. Se trata de la primera vacuna autorizada en los países avanzados para inmunizar a los menores de 18 años.

El segundo propósito sería destrabar la llegada al país de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos. El mes pasado, la administración de Joe Biden anunció que donaría a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, millones de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, pero advirtió que cada país debía encargarse de adecuar sus marcos legales para que sea posible la donación.

Este jueves, precisamente, Estados Unidos envió a Colombia 2,5 millones de vacunas de Janssen. El presidente colombiano Iván Duque anunció que se usarán para inocular a las poblaciones más vulnerables y dispersas en la compleja geografía del país.

“Es la mayor donación de vacunas que ha recibido el país en esta pandemia y la mayor que se ha registrado en la región”', destacó Duque, quien agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden por su “gesto de solidaridad, amistad y alianza”.

El martes pasado, la asesora presidencial encargada de negociar la compra de las vacunas con los laboratorios extranjeros, Cecilia Nicolini, se reunió durante varias horas en la Casa Rosada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

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Hasta hoy, en la Argentina, los marcos legales no están listos por motivos diversos. La vacuna de Pfizer está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), pero la empresa se negó a firmar el contrato con la Argentina porque sostienen que la Ley de Vacunas que aprobó el año pasado el Congreso le podría generar al laboratorio demandas judiciales surgidas de la aplicación de una vacuna que fue desarrollada y testeada con las urgencias que impuso la pandemia.

Puntualmente, Pfizer objetó el artículo 4º de la Ley 27.573, que le permite al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

Según dijo el mes pasado en la Cámara de Diputados el gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, la palabra “negligencia”, que no estaba en el proyecto que mandó el ejecutivo y que fue agregado por pedido de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, terminó trabando el contrato que iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas.

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Vaquer explicó en ese momento que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer "asumió el riesgo de acelerar procesos". "Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo", detalló Vaquer.

En el caso de Moderna y Janssen, que mantuvieron diálogos muy preliminares con el Gobierno, aún no recibieron la autorización de la Anmat. La primera no inició el trámite y la segunda sí comenzó el proceso necesario para que cualquier medicamento pueda ser administrado en el país.

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