"El sistema de salud está colapsado", advierte un juez

La crisis del Pami, la obra social de los jubilados y pensionados, golpea a uno de los sectores más vulnerables de la población, así como el ajuste sobre las pensiones a los discapacitados, que encendió las alarmas en vastos espacios sociales.

Las políticas previsionales del gobierno de Mauricio Macri impactan de lleno en un sistema en crisis y generan incertidumbre. Cada vez son más las empresas de medicina prepaga que intentan rescindir de manera unilateral los servicios que prestan a sindicatos. El Pami, la mayor obra social del país -maneja el quinto presupuesto en importancia nacional- brinda cada vez menos y peores servicios para los jubilados que abarrotan de quejas los juzgados de previsión social y la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del gerontólogo Eugenio Semino.

Falta de prótesis, demoras de hasta seis meses en la entrega de sillas de ruedas y audífonos, falta de medicamentos, deudas millonarias con los prestadores y cortes de servicios son sólo algunas de las falencias de la obra social encabezada por Sergio Cassinotti, el ex director ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas.

Cassinotti reemplazó a mediados de marzo al médico Carlos Regazzoni, quien fue denunciado dos meses antes, por "abandono de persona". Se trataba de Javier Muniátegui, de 67 años, inválido de nacimiento y con disfunción cerebral grave.

Sucedió que el Pami, de un día para el otro, interrumpió la asistencia que está obligado a brindarle como, por ejemplo, los traslados en ambulancia para su debida atención.

En la presentación judicial, Héctor Jorge Fernández, abogado y curador de Muniátegui aseguró: "El titular del Pami y su troupe de incompetentes e indolentes tiene la plena responsabilidad de lo que ocurre". Uno de los funcionarios judiciales preocupados por esta situación, y quien ya emitió varias resoluciones a favor de los desprotegidos afiliados, es Juan Fantini, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 6, quien dialogó con Infobae.

-¿Es común que se den este tipo de situaciones de desamparo médico a afiliados a prepagas, obras sociales sindicales o del propio Pami?

-En materia de acciones judiciales que involucran a las prestaciones de salud, hacía años que no veía tantos casos como en la actualidad. Esto habla de un agravamiento de la situación. El sistema de salud está colapsado. Y hablo tanto de las obras sociales, como de las prepagas, del Pami y de los efectores públicos. La situación del Pami parece caótica. A diario recibimos reclamos judiciales de jubilados por la falta de medicamentos, por ausencia de camas para internación, porque no los reciben en los geriátricos y ni hablar de las instituciones dedicadas a la salud mental de nuestros mayores. El Pami empeora mes a mes. Y esto tiene que ver con una mala administración. Hay prestadores a los que se les adeudan millones de pesos y por eso cortan los servicios o no reciben a más afiliados. Entre otros, hay denuncias de ex combatientes de Malvinas que ya se están movilizando por retraimiento de las prestaciones. Por ejemplo, han dejado de recibir de manera gratuita los medicamentos oncológicos. Pero eso no es todo. Me tocó intervenir en un pedido de medida cautelar contra el Pami porque una jubilada, que percibía un haber mínimo, corría el riesgo de no contar con la atención del Hospital Italiano (de Buenos Aires) y el Pami la había dejado en abandono absoluto. En otra acción, un ciudadano extranjero con certificado de discapacidad otorgado en nuestro país perseguía el otorgamiento de una pensión no contributiva por la cual le correspondía ser atendido a través del Programa Incluir Salud (ex Profe) y también lo dejaron sin cobertura. Nosotros, a través de una medida cautelar, ordenamos que se le brindaran las prestaciones del programa, mientras se discute el derecho.