El gobierno bajó a 18 años la edad mínima para portar armas y hay polémica

El gobierno nacional publicó este martes un decreto por cual se modifica la legislación sobre el uso de armas de fuego, reduciendo hasta los 18 años la edad mínima para su adquisición, porte y uso, tres años menos de lo que hasta ahora marcaba la ley.

La medida desató una polémica entre adeptos y detractores. Pero, ¿un joven de 18 años está preparado psicológica y socialmente para tener contacto con este tipo de materiales?

El decreto, firmado por el presidente argentino, Javier Milei; su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, entrará en vigor este mismo martes, fecha en que el mandatario cumple su primer año al frente del país.

A pesar de todo, la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429) sigue estableciendo que el usuario no debe presentar "anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego", tal y como matiza la prensa argentina.

Entre los requisitos para adquirir un arma de fuego, los argentinos deberán acreditarse e indentificarse ante las autoridades policiales competentes en su zona de residencia. Estas emitirán un documento que certifique que el solicitante no tiene antecedentes policiales ni penales.

La Ley Nacional de Armas y Explosivos, aprobada en mayo de 1973, establece disposiciones sobre el uso, venta, transporte y registro de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos. En mayo de este mismo año, el Gobierno presentó un proyecto de ley para regularizar la posesión de armas y simplificar los trámites.

Polémica entre adeptos y detractores

Luis Vicat es licenciado en seguridad y diplomado en psiquiatría forense. Considera que una persona de 18 años tiene la capacidad psicológica y un raciocinio superior a la que tenía un joven de 21 hace una década. “Son más maduros por el avance tecnológico y eso hizo que la legislación se pusiera a tiro. No obstante, hay una franja que no está capacitada (los delincuentes) y sin embargo, de facto, usan armas y matan gente todos los días. Los soldaditos van a seguir usando armas a como dé lugar así que las diferencias etarias para ellos no corren”, señala.

Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, enfatiza que no hay un obstáculo legal porque los jóvenes de 18 años son mayores de edad desde hace muchos años en Argentina. “Así como pueden elegir al Presidente de la Nación o abortar desde los 16, a los 18 tienen plena mayoría de edad y por ende, la capacidad para tener un arma en las condiciones y estrictos requisitos que marca la ley”, explica.

Y cuestiona la vigencia de la ley de menores: “Esta normativa establece que un menor de 15 cometa un homicidio, como el del playero en una estación de servicio de Rosario, con un arma y que no pase absolutamente nada legalmente. Entonces, no tenía lógica que una persona de 18 años no pudiera tramitar la tenencia legal de armas”.

En cambio, para Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la modificación en la legislación de tenencia de armas es “otra medida que llega a través de un decreto, es decir, soslayando y desautorizando el debate parlamentario donde se viene discutiendo el desarme a través de programas de entrega voluntaria”.

“Este decreto expresa la postura del gobierno sobre la seguridad: cuando el Estado se achica, carga la seguridad pública a la cuenta de los individuos. Es una medida provocativa contra la agenda del movimiento de mujeres y su lucha contra los femicidios. El hecho de que ahora los jóvenes puedan armarse no cambiará las cosas. El mercado nunca pregunta, y los protagonistas de los mercados ilegales no necesitan certificar la edad del demandante para vender un arma de fuego. Esos mercados han ido armando a los jóvenes de los barrios plebeyos que, muchas veces, dirimen sus disputas a los tiros. No es casual también que en los últimos años hayan aumentado los suicidios por uso de armas de fuego”, postula Rodríguez Alzueta.