Diputados trata ley de glaciares que limita la minería

Buenos Aires.- Tras casi seis horas de debate y al filo de la medianoche, la Cámara de Diputados continuaba la discusión del proyecto de ley de protección de glaciares, luego de que se le rechazara al oficialismo, en el recinto, un pedido de postergación de 15 días para volver al tratar el tema.

Si bien las presunciones tanto de oficialistas como de opositores daban por probable la sanción de la versión del proyecto acordado entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el senador K Daniel Filmus, autores de sendas iniciativas que abordan la temática, de todas maneras, de aprobarse, debería, ser remitido en revisión al Senado.

La discusión se registraba tras un debate por postergar el debate quince días, a instancias de la presión de los legisladores de las provincias cordilleranas, que el kirchnerismo planteó y perdió, y en el que hubo cruce de acusaciones entre un oficialista como Juan Carlos Gioja y Bonasso.

Tras el tropezón, el oficialismo avisó que votaría la media sanción del Senado, es decir la versión preliminar de Filmus, y en contra del acuerdo posterior, pero el problema con los legisladores de las provincias cordilleranas no solo fue del kirchnerismo sino de varios bloques opositores como el Peronismo Federal, el radicalismo y la otra bancada peronista disidente.

Respecto al proyecto, Bonasso -quien dijo que vía telefónica Filmus se había comprometido a respaldar en el Senado lo acordado si no se aceptaba el plazo pedido por el Frente Para la Victoria- defendió la iniciativa y acusó a “los diputados de San Juan” de pedir “tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no le vamos a dar tiempo”.

Además, reanudó críticas el veto presidencial de 2008 y a la foto de días atrás de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los gobernadores de las provincias mineras y ejecutivos de la empresa Barrick Gold, así como hacia el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano el senador nacional César Gioja, a quienes vinculó con los intereses de las empresas mineras.

También, le apuntó al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al sostener que una empresa suya comparte “oficinas” de la calle Marcelo T. de Alvear con “Barrick Exploraciones Argentinas” y remarcó con ironía: “Si tiene cola, melena, patas y garras de león, puede ser una leona pero no una lagartija”.

Contó que con Filmus (autor de la media sanción aprobada en Senado) volvieron a redactar el artículo 2 del proyecto y con ello establecieron una clara defensa las áreas periglaciales, que definen como “al ambiente de la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico” y, en “media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.

El presidente de la comisión de Minería, el sanjuanino K Héctor Tomas, salió al cruce de las dudas sembradas por Bonasso y otros opositores, como Elisa Carrió, al insistir en la necesidad de conocer los cambios al dictamen que -según indicó- conoció por los diarios.

Dijo que no está claro la definición del concepto “periglacial” y preguntó, casi como una acusación: “¿Cómo quieren que desarrollemos nuestra provincia si la mayoría es montaña? Nosotros no podemos plantar soja, girasol”, completó.

“Yo no soy socio de ninguna empresa, soy diputado de San Juan”, dijo y desafió a los opositores, sin nombrarlos, a que “hagan la denuncia donde corresponde”, y al recordar que aparecieron dirigentes “en fotos, en Punta del Este, que dicen qué empresario le prestó la casa”, al desestimar críticas por la foto de la presidenta con ejecutivos de la Barrick Gold.

La normativa de los presupuestos mínimos de preservación de glaciares define como “autoridad de aplicación” al “organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental” y deja, así, fuera de la órbita provincial el control ambiental, algo resistido por los gobernadores.

Además, dispone un sistema de infracciones y sanciones con multas que van desde los cien a cien mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, así como la suspensión o revocación de las autorizaciones, la suspensión de actividades hasta por un año y el cese definitivo de la misma.

Al inicio de la sesión y luego de varios cabildeos entre opositores y oficialistas para llegar a un acuerdo, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, pidió una prórroga “por 15 días” para el tratamiento de la norma, de la cual una versión similar había sido sancionada por unanimidad en el Congreso y luego vetada por la presidenta Cristina Fernández en noviembre de 2008, tras un lobby de los gobernadores de las provincias mineras. (DyN)