La aplicación de las leyes que penalizan el consumo y la tenencia personal de drogas en Estados Unidos está arrojando al sistema penitenciario a ciudadanos de forma injustificada y generando perjuicios múltiples tanto a familias como a comunidades desfavorecidas del país.
Así lo asegura Human Rights Watch en un informe que presentó ayer en Washington junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu) y que le sirve de base para exigir la despenalización del uso y tenencia personal de drogas.
"Cada 25 segundos, alguien es arrojado al sistema de justicia penal, acusado exclusivamente de tenencia de drogas para uso personal", señala Tess Borden, autora del informe. "Estas detenciones a gran escala han destruido innumerables vidas, y no han contribuido en absoluto a ayudar a personas que intentan superar la dependencia".
Lo que denuncian las dos organizaciones es básicamente la desproporción de los condenas por la tenencia ilegal de drogas para uso personal, que genera consecuencias a largo plazo entre las que citan la separación de familias, la exclusión de personas de oportunidades laborales, además de asistencia social, y la estigmatización de por vida.
Aseguran además que esa aplicación discrimina a personas de color. La proporción de adultos negros que consumen drogas es similar o incluso inferior a la de adultos blancos, pero los datos analizados por las organizaciones muestran que los adultos negros tienen dos veces y media más posibilidades que los blancos de ser detenidos por tenencia de drogas, y casi cuatro veces las probabilidades de ser detenidos por tenencia simple de marihuana.
El informe, que lleva por nombre "Cada 25 segundos: el costo humano de la criminalización del consumo de drogas en Estados Unidos", muestra casos como el de Matthew (nombre ficticio), que fue condenado a 15 años de prisión por tenencia de una cantidad tan pequeña de anfetaminas que el laboratorio ni siquiera pudo pesarla. El resultado de laboratorio indicó sólo que había "restos".
Entre los 149 casos analizados de personas encarceladas en Louisiana, Texas, Florida y Nueva York, cuenta también el de Corey, condenado a 17 años por tenencia de media onza de marihuana. Su hija Charlee, de cuatro años, nunca lo ha visto fuera de la prisión y cree visitarlo en su lugar de trabajo.
"Encerrar a personas por usar drogas causa graves perjuicios, y no contribuye en absoluto a ayudar a quienes necesitan y desean recibir tratamiento", señalan las organizaciones y advierten que "no ayuda a bajar el consumo".
El gobernador habló frente a fiscales federales en una cumbre sobre lucha contra crimen organizado. Apuntó contra los profesionales que asesoran a las organizaciones
Por Facundo Borrego
