La Legislatura de Chubut aprobó un proyecto de ley para que se incorpore en el vademécum de la obra social del Estado (Seros) el aceite de cannabis (marihuana) como tratamiento medicinal. Además se incorporaron algunos puntos a la norma para que también los hospitales públicos de la provincia entreguen el medicamento.
El proyecto se aprobó con el voto de los diputados del Frente para la Victoria y del bloque de Cambiemos, y la abstención de los legisladores oficialistas de Chubut Somos Todos, que responden al gobernador peronista Mario Das Neves.
La enfermedad de una niña de Comodoro Rivadavia (la ciudad más poblada de Chubut) que necesita seguir utilizando el aceite de cannabis, según explicó su madre, motorizó la iniciativa parlamentaria que culminó con la sanción del proyecto de ley y que hoy trasciende a todo el país.
Se trata de Micaela Pedraza, de 12 años, quien desde los cuatro meses de edad padece el síndrome de Dravet, también conocido como "epilepsia mioclónica grave" de la infancia.
Carola Pedraza, madre de Micaela, empezó a suministrarle el aceite de cannabis hace unos cuatro meses y, según explicó, el mejoramiento en la salud de su hijita no tardó en manifestarse. "Mejoró en más del 90 por ciento su crisis y su calidad de vida se acerca a la normalidad —dijo—. Su mejoría es sumamente notable y ya puede caminar, comer sola y no necesita oxígeno", declaró Pedraza.
El aceite de cannabis, según algunos especialistas en medicina, hace tiempo que está comprobado que trata positivamente y sin generar efectos colaterales, tipos complejos de epilepsia.
Sin embargo, para Carola Pedraza, acceder al aceite para su hija le resulta en extremo dificultoso y oneroso desde la Patagonia. "Es necesario contar con una autorización especial de la Anmat (el organismo regulador de medicamentos), que lleva larga tramitación", dijo. "Un frasco de aceite, por ejemplo, que equivale a dos meses de tratamiento según las dosis indicadas, cuesta 250 dólares", agregó.
La mamá contó que "cada 60 días" viaja a Buenos Aires "para concurrir a la Anmat, pedir la autorización y luego ir a Ezeiza para efectuar los trámites aduaneros" que permitan la importación del producto.
En su artículo 1, la ley aprobada en Chubut determina la incorporación al vademécum de Salud Pública de Santa Cruz el "Charlotte Web" (aceite de cannabis), "para el tratamiento del síndrome de Dravet (epilepsia) y otras patologías que crea conveniente el Ministro de Salud de la Provincia".
Este punto determina que el medicamento debe estar disponible en los hospitales públicos de la provincia.
A su vez, el artículo 2, establece la incorporación dentro de la obra social Seros para los trabajadores estatales. El artículo 3 designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud provincial.
El Ejecutivo tendrá un término de 90 días para reglamentar la ley.
El proyecto no se aprobó sin polémicas entre el FpV y el dasnevismo. El bloque oficialista de Chubut Somos Todos tuvo sus reparos e intentó que la iniciativa vuelva a comisión. Cuando no pudo oponer más resistencia, decidió abstenerse en la votación.
Uno de los argumentos del oficialismo era que el aceite de cannabis ya estaba siendo brindado por Seros y era redundante establecerlo por ley.
Balance. En mayo hubo una movilización frente al Congreso nacional de familiares de pacientes con epilepsia y otras patologías que pidieron la legalización de la cannabis medicinal. Frente a ello, Carola Pedraza dijo que "es sumamente importante que los legisladores nacionales estudien el tema".
Hoy por hoy, dijo, "es un tema tabú pero no debería serlo. Hablamos de una planta cuyos componentes no son psicoactivos y de los cuáles se extrae el aceite medicinal, que tiene un alto grado comprobado de efectividad en la mejora de la calidad de vida".
La mamá dijo que en Facebook se armó la página "Todos por Mica Chubut", con más de 40.000 adherentes. "Logramos contacto con profesionales. Decidimos encaminarlo de esta manera para demostrar que el tratamiento de Micaela está autorizado por Anmat y no es ilegal, de allí la decisión de establecer el debate".
Pedraza explicó que "lo que piden las grandes ONG de Argentina es la despenalización como uso medicinal porque es de fácil producción y se busca que a una persona no se la condene con una causa penal por una plantación que puede controlar el Estado y elaborar una medicina para los pacientes que lo requieren, para lo que hay muchas formas de comprobarlo".
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