El debate sobre las redes sociales y su regulación está más candente que nunca en todo los países. El pasado viernes, el gobierno de Brasil, a través de su brazo jurídico, la Procuraduría General de la Unión (AGU), otorgó 72 horas, es decir, hasta esta tarde, a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, para que dé cuenta de su decisión. De hecho, fue el propio Zuckerberg quien anunció la semana pasada el fin del programa de chequeo de información en sus redes sociales. A partir de ahora serán los usuarios los que inserten correcciones y comentarios en las publicaciones que puedan contener información falsa, de forma similar a lo que ya ocurre en X.
Liderada por el abogado general de Brasil Jorge Messias, la AGU pidió a Meta información sobre las medidas que piensa adoptar para frenar la violencia de género, garantizar la protección de niños y adolescentes, prevenir actos de racismo y homofobia y frenar la incitación al odio. Si no obtiene respuestas, el gobierno, dijo Messias, puede responder con medidas judiciales contra la empresa estadounidense.
La iniciativa de la AGU se decidió en una reunión ministerial convocada de urgencia por Lula el pasado viernes. En la misma reunión, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), anunció la formación de un grupo de trabajo para iniciar un diálogo con los parlamentarios y la sociedad civil con el fin de mejorar las leyes brasileñas del sector. En particular, el gobierno se centrará, según lo anunciado el viernes, en la presentación de dos nuevos proyectos de ley sobre la tributación de las big tech y la regulación de la competencia en el sector, además del proyecto gubernamental sobre la Inteligencia Artificial (IA), ya aprobado en el Senado.
Los proyectos sobre tributación y sobre competencia ya estaban en discusión en el Ministerio de Hacienda, pero ahora pasarán a ser la prioridad del Gobierno. Luego hay otro frente en el que el Ejecutivo quiere centrarse, a saber, la actuación de los órganos administrativos, como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon). Finalmente, el último frente será un mayor seguimiento de los temas relacionados con las elecciones de 2026.
De hecho, la verdadera incógnita para Brasil es la magnitud del impacto de los cambios de Meta en el escenario electoral que el país empieza a experimentar a partir de este año de cara a las presidenciales del año que viene. Zuckerberg no dio muchos detalles sobre la implementación de las “notas de la comunidad”, quién formará parte de ella, para qué contenidos, cómo se mitigarán los sesgos ideológicos.
Actualmente, por ejemplo, las publicaciones de políticos y candidatos no están cubiertas por el análisis de chequeo de hechos. Hasta ahora, en Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha garantizado el control de la desinformación, adoptando una resolución sobre la propaganda electoral con muchas obligaciones y restricciones. Entre ellas, la de imponer a las empresas la obligación de adoptar medidas eficaces para mitigar determinados riesgos, como la violencia política de género, y políticas de contenido destinadas a reducir la circulación de desinformación. Sin embargo, el año que viene el TSE estará presidido por el juez Nunes Marques, nombrado por el ex presidente Jair Bolsonaro. Muchos se preguntan si habrá un cambio de enfoque y si el Tribunal Superior Electoral adoptará una postura más permisiva hacia la desinformación.
La decisión de notificación extrajudicial de la Procuraduría General de la Unión (AGU) enviada a Meta el pasado viernes fue respaldada por Lula, que también fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Zuckerberg. “Me parece extremadamente grave que se quiera que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad que quien comete un crimen en la prensa escrita”, dijo el presidente brasileño. “Es como si un ciudadano pudiera ser castigado por hacer algo en la vida real y no por hacer lo mismo digitalmente. Lo que realmente queremos es que cada país proteja su soberanía. Un ciudadano, dos ciudadanos, tres ciudadanos no pueden creer que pueden dañar la soberanía de una nación”, añadió. El vicepresidente Geraldo Alckmin también entró en el debate, defendiendo la necesidad de potenciar las plataformas y regularlas. “No se puede tener una plataforma con presencia global sin responsabilidad, sin rendición de cuentas. No se puede desinformar a la gente, no se puede calumniar, mentir, difamar; hay que tener responsabilidad. Vivir en sociedad implica derechos y deberes”, dijo Alckmin en una entrevista a la emisora de radio brasileña Eldorado.
Zuckerberg en su anuncio también había acusado, sin entrar en detalles, a algunos países latinoamericanos. “Los países latinoamericanos tienen tribunales secretos que pueden ordenar a las empresas que eliminen contenidos de forma silenciosa”, dijo, haciendo un llamamiento al presidente de Estados Unidos que tomará posesión el próximo 20 de enero, Donald Trump, para que luche contra estas decisiones judiciales. El jefe de Meta probablemente se refería también a Brasil, que el año pasado vivió un tira y afloja por este mismo asunto entre el magnate Elon Musk y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que bloqueó X durante más de un mes.
El propio Moraes fue el primero en reaccionar a la noticia el pasado miércoles. “No podemos hablar por el resto del mundo, pero por Brasil tengo la absoluta certeza y convicción de que el STF no permitirá que las redes sociales sigan siendo utilizadas, de forma intencionada o culposa, o incluso sólo con fines lucrativos, para amplificar el discurso del odio, el nazismo, el fascismo, la misoginia, la homofobia y el discurso antidemocrático”, afirmó. Sin embargo, fue el propio Moraes quien había calificado a Meta de “uno de los principales colaboradores del STF” en plena polémica con Musk.
En la reunión del viernes, los ministros también propusieron la formación de un frente internacional contra la desinformación como arma política, en el que también participe la Unión Europea. La forma en que Brasil quiere manejar el control de la desinformación, sin embargo, va en contra del resto del mundo. Si el debate a nivel internacional ya existe, depende mucho de las legislaciones nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión, siempre ha condicionado el debate. En Europa, en cambio, existe el Digital Services Act (Norma de servicios digitales), según la cual las plataformas deben revelar información que hoy es secreta, como el funcionamiento de los algoritmos en la moderación y difusión de contenidos falsos. Sin embargo, Europa, a diferencia de Brasil, se centra en la regulación de los procesos, no de los contenidos.
Meta lleva meses criticando, sin embargo, la propuesta brasileña sobre la regulación de las redes que es objeto de un juicio del Supremo Tribunal Federal, iniciado el año pasado en relación con parte del llamado “marco civil de Internet”, la ley de 2014 que regula Internet en Brasil. Si se aprueba la propuesta del STF, las empresas propietarias de las redes sociales tendrán que responder judicialmente por los contenidos publicados por terceros, incluso en ausencia de una decisión judicial.
