Los gremios Amsafe, ATE y UPCN rechazaron de manera contundente el bono de 3 mil pesos para los trabajadores estatales de la provincia y de 2.400 pesos para el sector pasivo, a cobrarse durante el transcurso de agosto e incluso el sindicato docente planteó la posibilidad de realizar medidas de fuerza.
Así, la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, calificó como "un insulto" el bono del gobierno provincial otorgará a los trabajadores estatales de manera unilateral. La gremialista anticipó que en la votación de mañana saldrá la moción de un plan de lucha, al entender que la decisión del Estado provincial "no hace más que traer mucha bronca" en el ámbito educativo en el marco de la pandemia global de coronavirus.
Tal como lo había anticipado ayer en un duro comunicado, Amsafé manifestó su malestar y rechazó de plano la suma no remunerativa que ofreció a través de una videoconferencia el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien no precisó, además, cuál será el monto que aplicará por decreto. Esa falta de precisión respecto al número exacto que el gobierno provincial aplicará por decreto también generó descontento en el gremio Sadop.
La sindicalista puso sobre relieve los gastos e insumos que los docentes tuvieron que sobrellevar desde que se interrumpió el ciclo lectivo de forma presencial por la pandemia de coronavirus. "Hace cuatro meses que los docentes se están pagando de su bolsillo los gastos de conexión, materiales. Incluso habíamos planteado esa posibilidad para que el docente pueda llevar adelante esa función en el marco de la pandemia", apuntó.
En ese sentido, aseguró que la falta de una negociación salarial "no hace más que traer malestar y no tengo dudas que mañana, en el plenario de secretarios generales, va a salir un plan de lucha".
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Asimismo, Alesso consideró que la provincia tiene que incrementar el salario de los docentes en lugar de ofrecer una suma no remunerativa. "No puede ser que Santa Fe sea una de las pocas provincias donde no se habló de aumento salarial. No hay argumento para escudarse por la pandemia porque hay provincias que han podido aumentar a sus docentes", insistió, para agregar que "esto no hace más que traer muchísima bronca en toda la docencia, que ya venía preocupada por la sobrecarga laboral".
Rechazo de ATE y UPCN
La Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe fue otro de los gremios que expresó su rechazo a la medida y lo hizo a través de un comunicado: "ATE afirma que la decisión unilateral del gobierno provincial de abonar un bono para los trabajadores activos de 3000 pesos para los activos y 2400 pesos para el sector pasivo es insuficiente".
"Asimismo -continúa-, el gremio manifiesta su disconformidad con la decisión de pagar por única vez ese monto y reitera que continuará exigiendo el espacio de diálogo natural que son las Paritarias para debatir, entre otras problemáticas, la política salarial".
"El gobierno provincial comunicó que este incremento de bolsillo se cobrará mediante una liquidación complementaria, a pagar dentro del mes de agosto. ATE reitera que esta decisión no fue consensuada en paritarias que estaba citada para el próximo lunes y que continuará exigiendo la necesidad de discutir la política salarial", finalizó la nota.
Por su parte, UPCN también emitió una nota donde expresa su rechazo al bono del gobierno provincial:
"La UPCN Santa Fe rechaza la 'Asignación Especial de Emergencia' que de modo unilateral decretó el gobierno provincial para todos los empleados públicos", indicaron.
Asimismo, el gremio reivindicó el ámbito de la ronda paritaria como "espacio propicio y legalmente constituido para el dialogo y la discusión salarial de los trabajadores, en el marco de la Ley 10.052 de Convención Colectiva de Trabajo".
"Por este mismo motivo, UPCN solicitó por nota con fecha 23 de Julio a las autoridades que de manera urgente se retomen las reuniones Paritarias, que sufrieron un impasse producto de la pandemia mundial, que implicó las suspensiones de las negociaciones a mediados del mes de marzo", agregó el comunicado.
La UPCN, por otra parte, insistió con la necesidad de definir una "política salarial justa" que preserve el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos.
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