Con el impulso de un programa de ganadería regenerativa, 60 productores cobraron US$1,2 millones por créditos de carbono.
Durante mucho tiempo hablar de sustentabilidad en el campo pareció referirse a una obligación, el producir con menor impacto, cuidar el suelo y adaptarse a las exigencias que surgen frente al cambio climático. Sin embargo, una experiencia reciente en la ganadería sudamericana empieza a mostrar otra cara de esa agenda.
Sesenta productores de Argentina y Paraguay cobraron US$1,2 millones por la venta de créditos de carbono generados a partir de prácticas regenerativas implementadas en sus campos. El desembolso se realizó como parte del primer ciclo de comercialización de SARA —Programa de Ganadería Regenerativa Sudamericana—, una iniciativa desarrollada por Ruuts -una startup que busca generar un beneficio económico a productores agropecuarios con interés de regenerar sus tierra- junto con Ovis 21 y Anthesis Group.
Así, esta noticia trae grandes expectativas para el sector. No solo ayuda a alinear objetivos frente al cambio climático con exigencias cada vez más cercanas, sino que refleja un rédito económico claro en un sector clave de la economía. Los créditos de carbono aparecen como un ingreso adicional para quienes demuestran cambios reales y medibles en el manejo de sus campos.
Cada crédito representa, en términos generales, una tonelada de dióxido de carbono equivalente que fue reducida, removida de la atmósfera o cuya emisión fue evitada. Para que ese activo ambiental se convierta en un crédito comercializable es necesario medir, reportar y verificar los resultados bajo metodologías y estándares reconocidos.
En este caso, SARA logró emitir a comienzo de año créditos verificados —VCU, por sus siglas en inglés— bajo el estándar de Verra y la metodología VM0042, orientada a cuantificar reducciones de emisiones y remociones de carbono vinculadas con una mejor gestión de tierras agrícolas. Siendo el programa más grande de Sudamérica en emitir créditos bajo tal modalidad, alcanzó más de 62 establecimientos, cerca de 40.000 hectáreas de pastizales bajo monitoreo y lograron capturar más de 200.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente durante el período monitoreado. La primera emisión de SARA alcanzó entonces los 209.244 créditos de carbono verificados bajo el estándar de Verra. Una parte ya fue comercializada, mientras que el volumen que resta continúa disponible para nuevos compradores.
Cada productor recibió, en promedio, US$27 por cada hectárea incorporada al programa, según informaron. Más que un pago aislado, la experiencia abre la posibilidad de que el ambiente deje de percibirse únicamente como un costo o una exigencia externa y pase a formar parte de la ecuación económica del establecimiento.
El desafío en todo esto continúa siendo el mantener la integridad ambiental de estos mercados. Los créditos no deberían ser una licencia para que otros actores posterguen la reducción de sus propias emisiones. De todas formas, la experiencia deja una señal clara y positiva. Se pueden alinear objetivos desde el sector agrícola y el sector ambiental. Cuando la innovación tecnológica, la ciencia aplicada y el conocimiento de quienes trabajan la tierra se articulan con reglas de verificación exigentes, el interés de cuidar el suelo y los ecosistemas, puede dejar de ser una promesa para convertirse también en una oportunidad productiva con beneficios económicos.
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Por Leandro Garbossa, para La Capital
