La ausencia del rey Felipe VI en el acto anual más importante del Poder Judicial en Barcelona desencadenó un inédito enfrentamiento entre varios ministros del Gobierno de coalición de España y la Corona, que amenaza con abrir una crisis política e institucional sin precedentes. El rey Felipe VI se comunicó con la máxima autoridad judicial por teléfono y le dijo que "le hubiera gustado" participar del acto de designación de nuevos magistrados, una ceremonia a la que históricamente el monarca es invitado por el Gobierno. Este año, el Ejecutivo de coalición del socialista Pedro Sánchez y el populista Pablo Iglesias ha omitido la invitación.
El ministro de Consumo español, Alberto Garzón, de la coalición Unidas Podemos (UP), acusó al rey de “maniobrar contra el Gobierno”, mientras el vicepresidente segundo y líder de esta formación de izquierda, Pablo Iglesias, amonestó al monarca: le dijo que “el respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado”.
La versión de la Corona es bien distinta. El rey llamó por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al término de la ceremonia de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona a la que no ha podido asistir por falta de autorización del Gobierno y le comentó que le "hubiera gustado" estar allí. Lesmes trasladó este mensaje a los miembros de la promoción. Fuentes de la Casa del Rey aseguraron que la llamada fue "de cortesía y sin consideraciones institucionales" sobre el acto.
El acto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un evento solemne que habitualmente preside el rey, y al que no asistió por decisión del Gobierno español, si bien no hubo una explicación oficial. El rey de España es el Jefe del Estado y en ese carácter participa cada año del acto de entrega de “despachos” a la nueva promoción de jueces en Barcelona, sede de la Escuela Judicial. En esta ocasión su desplazamiento coincidía con un momento crítico, la inminente publicación de la sentencia contra el presidente catalán, el separatista radical JoaquimTorra, quien puede ser inhabilitado, lo que previsiblemente desencadenará protestas.
Si bien no se argumentó el motivo de la "desinvitación", ni se confirmó desde dónde venía la orden, la Constitución española establece que los actos del monarca son refrendados por el Gobierno, que supervisa y coordina sus palabras y movimientos, de ahí que se interpretó que la decisión es del Ejecutivo de coalición entre el socialismo y Podemos. Como han puesto de manifiesto las expresiones de ayer del ministro Garzón y de Iglesias, esta formación es abiertamente hostil a la monarquía.
El rey había reservado la mañana del viernes para presidir la entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona, pero a último momento el Gobierno le prohibió asistir. Durante la celebración de la ceremonia en la Escuela Judicial, se encontraba en su despacho de La Zarzuela, donde pudo seguir el acto a distancias, que se estaba transmitiendo por streaming.
El Poder Judicial se mostró molesto, pero desde el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez intentaron bajarle el tono al asunto, mientras la oposición acusó al Gobierno de coalición de “vetar” al monarca y de “atacar” a las instituciones. El acto se celebró sin el rey pero a su inicio Lesmes, un juez supremo conservador y profundamente religioso, expresó su “enorme pesar” por la ausencia del monarca y después explicó a los asistentes el llamado de cortesía que desencadenó la tormenta. La ceremonia acabó con un “viva el Rey” de los asistentes, que provocó un comentario del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, captado por un micrófono abierto, de que “se habían pasado”.
El desaire al rey Felipe VI y su reacción con la llamada telefónica se ha transformado así en un nuevo motivo de polémica y tensión en un país atravesado por la polarización política como pocos en Europa.
