La mujer tiene 87 años y vivió 70 años en el mismo departamento de Madrid hasta que no pudo afrontar el aumento del alquiler y fue desalojada. Su caso llegó a la ONU
El caso de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, se hizo conocido tras una larga batalla judicial desde 2018 por los aumentos de su alquiler. Foto: El País.
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tiene 87 años, movilidad reducida y es jubilada. Su historia quedó atrapada en uno de los principales problemas de España: el acceso a la vivienda. Después de vivir durante siete décadas en el mismo departamento de Madrid, fue desalojada el 23 de septiembre tras una larga disputa judicial por el valor del alquiler.
Su caso rápidamente trascendió la situación personal de una jubilada y se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional que atraviesa el país. Hubo protestas para intentar impedir el desalojo, intervención policial, un pedido de la Organización de las Naciones Unidas y, finalmente, un acuerdo que le permitirá regresar a su hogar.
Pero el impacto político fue todavía mayor. A pocos días del desalojo, el gobierno de Pedro Sánchez impulsó dos decretos para ampliar la protección de los inquilinos frente a los desalojos y extender los contratos de alquiler. El Congreso rechazó ambas iniciativas y, posteriormente, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
Maricarmen vivía en el barrio madrileño de Retiro desde 1956. Ese año, su padre firmó el contrato de alquiler del departamento. Tras su muerte, en 1960, y la de su madre, en 2005, ella quedó como titular y continuó viviendo allí.
Durante años pagó un alquiler cercano a los 500 euros mensuales. La situación cambió en 2018, cuando el edificio pasó a manos de una nueva propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una inmobiliaria dedicada a la compra y gestión de activos.
La empresa sostuvo que el contrato no podía volver a subrogarse de acuerdo con la legislación vigente y estableció un nuevo alquiler de 1.650 euros mensuales.
El problema era que Maricarmen cobraba una pensión de 1.350 euros. El nuevo alquiler superaba, por lo tanto, el total de sus ingresos mensuales.
La propietaria también le ofreció la posibilidad de comprar el departamento por 247.000 euros, pero la jubilada explicó que no contaba con ese dinero.
La disputa se extendió durante años. El primer intento de desalojo ocurrió en octubre de 2025, pero vecinos y organizaciones de inquilinos se movilizaron y consiguieron impedirlo.
Hubo otros dos intentos durante junio de 2026, el 3 y el 24. Finalmente, el 23 de septiembre se concretó el desalojo.
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La escena estuvo acompañada por una fuerte protesta. Manifestantes bloquearon el ingreso al edificio y se produjeron intervenciones policiales mientras la mujer era retirada de la vivienda.
Dos días después, Maricarmen difundió un mensaje desde el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, adonde había sido trasladada. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, expresó.
La situación también alcanzó el ámbito internacional. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió al gobierno español suspender el desalojo hasta resolver el fondo del caso.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid aseguró que durante el proceso judicial había ofrecido diferentes alternativas habitacionales, entre ellas una residencia pública y un piso tutelado.
Maricarmen rechazó esas opciones porque quería continuar viviendo de manera independiente. En entrevistas anteriores había explicado que tenía vitalidad para vivir sola y que las listas de espera para otras alternativas eran extensas.
Después del desalojo llegó finalmente una solución. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, confirmó que alcanzaron un acuerdo con Urbagestión para que la jubilada pueda regresar al departamento.
El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y establecerá un alquiler equivalente al 30% de su pensión. La abogada destacó la buena voluntad de la empresa y sostuvo que el acuerdo debería servir para replantear la discusión sobre el acceso a la vivienda.
El impacto político del caso fue inmediato. Seis días después del desalojo, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos vinculados con la vivienda.
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Uno proponía extender por dos años los contratos de alquiler que estuvieran vigentes y vencieran antes de finales de 2028, además de ampliar hasta 2030 la protección frente a los desalojos.
El segundo buscaba establecer la renovación automática de los contratos.
Las iniciativas fueron rechazadas por el Congreso. La primera obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que la segunda consiguió 166 votos a favor y 184 en contra.
Tras la derrota parlamentaria, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
El gobierno volvió a aprobar posteriormente dos decretos de vivienda similares a los rechazados. Como el Congreso quedó disuelto por el adelanto electoral, esas nuevas medidas deberán ser tratadas por la Diputación Permanente.
Así, la historia de una jubilada de 87 años que solo quería seguir viviendo en la casa donde pasó gran parte de su vida terminó convirtiéndose en uno de los episodios centrales de la discusión política española sobre vivienda.
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