El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se defendió ayer de las graves acusaciones de corrupción contra él en el caso conocido como "Lava Jato" (Lavadero de autos) y exigió a los investigadores que presentan las pruebas que lo incriminan. "Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel", dijo Lula un día después de que el Ministerio Público brasileño, con funciones similares a una fiscalía, lo acusara de ser el cabecilla de la red fraudulenta en torno a la petrolera estatal Petrobras. La operación policial "Lava Jato" se conoció en marzo de 2014 y puso desde entonces en jaque a gran parte de la clase política brasileña. La investigación anticorrupción, considerada la más grande de la historia en Brasil, dio el miércoles un salto cualitativo al señalar al jefe de Estado entre 2003 y 2011 como "comandante máximo" de la trama de corrupción en Petrobras.
Lula compareció ayer por eso arropado por seguidores de su Partido de los Trabajadores (PT) en San Pablo, la ciudad en la que creció y que marcó sus inicios como líder sindical. El político de izquierdas rechazó ahí las acusaciones como parte de un complot para desacreditarlo, en una intervención muy emocional en la que recordó sus luchas políticas y los logros de sus dos gobiernos, y lloró varias veces ante las cámaras. "Nada me hará dejar de luchar por lo que creo", dijo Lula, que se quedó al final únicamente con una remera roja ante las cámaras tras hablar durante más de una hora. "Daré todas las declaraciones que sean necesarias", dijo. "Nadie respeta más las leyes de este país que yo", aseguró.
Varios cargos. El procurador Delton Dallagnol, coordinador de la investigación de "Lava Jato", generó el miércoles preocupación entre los seguidores de Lula al presentar unos gráficos impactantes que mostraban al ex mandatario directamente como el "cerebro" de los fraudes en Petrobras. El juez Sérgio Moro, a cargo de la instrucción de "Lava Jato", debe decidir aún si lleva a juicio al ex presidente. Lula hace frente a varios cargos de corrupción y a hasta 64 por lavado de dinero. El ex mandatario podría ser condenado a hasta 32 años y seis meses de prisión en el peor de los casos. Dallagnol inculpó también a la esposa de Lula, Marisa Letícia Rocco, y a otras seis personas. La principal acusación es hasta ahora que él y su esposa recibieron de una empresa inmobiliaria un departamento remodelado en Guarujá, costa paulista, a cambio de favores en contratos con Petrobras. Las acusaciones contra Lula tienen lugar en medio de una grave crisis institucional en Brasil por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff hace dos semanas, en medio de una dura recesión económica de más del 3 por ciento en la primera economía de América latina. Unos 50 políticos de diferentes partidos son actualmente objetos de investigaciones. Entre ellos están varios miembros del PT, pero también del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centroderecha, en el que milita el actual presidente, Michel Temer.
Crispación. Los acontecimientos en torno a Lula son también parte del crispado enfrentamiento entre la izquierda y grupos políticos conservadores, a los que los primeros acusan de estar detrás de la caída de Rousseff. El PT sostiene que la ofensiva judicial contra Lula es también parte de una estrategia de sus adversarios para impedir su posible candidatura presidencial en dos años y medio. Con la reciente destitución de Rousseff, el partido perdió el poder tras 13 años de gobierno. "Están intentando criminalizar a la izquierda. No quieren que sea candidato en 2018. Quieren sacarme del camino. Quiero decirles a los que me persiguen que el problema no soy yo. Ya estoy viejito. El problema son ustedes", dijo con ironía Lula a jóvenes militantes la semana pasada. Rousseff también atribuyó las acusaciones contra su mentor a maniobras políticas. "Es evidente que esta denuncia obedece al objetivo de aquellos que pretenden impedir su candidatura en 2018", afirmó.
