Estados Unidos impuso ayer las primeras sanciones financieras a Venezuela para bloquear el acceso del gobierno chavista al sistema financiero estadounidense y dificultar su opción al crédito. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que incluye la prohibición al sistema financiero de EEUU de comprar bonos y deuda del Estado venezolano y de la compañía petrolera estatal PDVSA e impide a los bancos concederles nuevos créditos. Restringe también la negociación de algunos bonos que tiene el Estado venezolano, así como el pago de dividendos por los mismos.
Washington cambia así de estrategia y, de dirigir sanciones contra individuos del entorno político del mandatario venezolano —él mismo incluido recientemente en la lista—, pasa a enfocar su acción contra el sustento económico de la estructura estatal. "Maduro ya no se aprovechará del sistema financiero estadounidense para facilitar el gran saqueo de la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano", manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la Casa Blanca.
La primera reacción fue del propio Maduro, que acusó a la oposición venezolana de estar detrás de las sanciones, y pidió que sean enjuiciados por traición. El líder venezolano dijo que las medidas generarán un "gran daño" económico y financiero a Venezuela y solicitó a Interpol la detención de los opositores que están en el extranjero. A la vez, su canciller, Jorge Arreaza, que se encontraba en la ONU en Nueva York, acusó a Estados Unidos de querer provocar una crisis humanitaria en su país y calificó las medidas como "la peor agresión hacia Venezuela en los últimos 200 años". Aunque Washington por primera vez apunta a PDVSA, de momento no dio el paso de imponer el embargo petrolero que sopesa desde hace tiempo.
De hecho, dejó fuera de las sanciones aprobadas ayer las exportaciones e importaciones de crudo. No es la única excepción que hace. El Departamento del Tesoro expidió licencias a determinadas transacciones "para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano". Las que involucran a Citgo, filial de PDVSA que opera en Estados Unidos, quedan también protegidas. Y hay 30 días de gracia para finalizar operaciones en curso. La mayor parte del comercio entre los dos países podrá seguir siendo financiado. También la asistencia humanitaria. "¿Qué quieren? ¿Hacer pasar hambre al pueblo venezolano? ¿Eso es lo que quieren hacer?", agregó el canciller Arreaza en las Naciones Unidas , y dijo que para compensar el impacto, Caracas se acercará más a Rusia y China.
Reunión con la diáspora
Las medidas aprobadas ayer se han calibrado cuidadosamente, según la Casa Blanca, para evitar que el sistema financiero estadounidense contribuya "a la corrupción y la pauperización del pueblo venezolano". La nueva ronda de sanciones se impone dos días después de que el vicepresidente, Mike Pence, se reuniera en Florida con representantes de la diáspora venezolana en Estados Unidos y les prometiera que el gobierno de Trump seguirá presionando a Maduro hasta que la democracia regrese al país latinoamericano. Pence, no obstante, no hizo referencia a la opción militar que Trump dijo hace dos semanas que no descartaba.
El consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, confirmó ayer en la Casa Blanca que la opción militar está entre las que la administración estudia para Venezuela, pero descartó que sea una posibilidad inmediata. "No se anticipan acciones militares en un futuro cercano", dijo McMaster. El general explicó que Trump pidió anticipar planes para un escenario de "mayor deterioro" en Venezuela y ese es uno de los que se estudian. No se trata una solución militar, diplomática o económica, manifestó McMaste. Aseguró que toda decisión al respecto se tomaría con los socios en la región.
Esta nueva ronda de sanciones es la quinta por parte de EEUU desde que Trump llegó a la Casa Blanca. La primera fue en febrero, cuando el Departamento del Tesoro incluyó al vicepresidente,Tareck El Aissami, en la lista de narcos. En mayo impuso sanciones a ocho miembros del Tribunal Supremo, incluido su presidente. Pero fue a raíz de la convocatoria de la elección de la Constituyente cuando incrementó significativamente la presión. El 26 de julio sancionó a 13 funcionarios relacionados con ella y al día siguiente de su elección, el 30 de julio, sancionó directamente a Maduro. Tras la toma de posesión de la Constituyente, sancionó a seis miembros de la misma, entre ellos el hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, y a otras dos personas relacionadas con ella.
Mientras, unos 900.000 militares y civiles venezolanos realizarán este fin de semana maniobras ordenadas por Nicolás Maduro, en medio de una creciente tensión con el gobierno de Trump, que amenazó con una acción militar e impuso sanciones financieras. Con despliegue de tanques de guerra y de tropas, prácticas de francotiradores, sobrevuelo de aeronaves y entrenamientos de armas, unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 700.000 milicianos, reservistas y civiles participarán en el "Ejercicio soberanía bolivariana 2017".
La fiscal rebelde confiesa que teme por su vida
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, que se escapó la semana pasada de su país hacia Colombia y contra quien el régimen de Nicolás Maduro quiere solicitar una orden de detención a escala internacional, admitió temer por su vida en declaraciones al semanario alemán Der Spiegel avanzadas ayer. Por primera vez desde que emprendiera su espectacular huida,Ortega confiesa que decidió de forma espontánea salir de su país y admitió que en Colombia, país que le ofreció asilo, no se siente segura. "Recibí varias amenazas telefónicas.
Ortega, que sacó del país documentación que presumiblemente compromete a Maduro, evitó dar más detalles sobre su fuga en aras de no poner en peligro a las personas que la ayudaron a salir de Venezuela. "Si lo hago, el gobierno enviará a sus esbirros para perseguir a mis colaboradores", agregó.
