Acusan al jefe del ejército colombiano de haber ordenado ejecuciones ilegales

Han surgido nuevas pruebas que vincularían al jefe del ejército colombiano con el encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década, el caso conocido como "falsos positivos", según un informe de la agencia de noticias Associated Press.

Las pruebas, en documentos proporcionados a Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales, aparecen en momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una presión creciente para que renuncie a su cargo debido a las órdenes que dio a sus soldados este año para que intensificaran los ataques. Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.

El ejército colombiano ha sido culpado de haber cometido hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales en el punto álgido del conflicto armado del país, a mediados de la década del 2000, mientras que los soldados, sometidos a la presión de altos comandantes, inflaban el recuento de cadáveres, en algunos casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra y otras gratificaciones.Fue lo que se conoció como el escándalo de los "falsos positivos", que ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla logradas por el ejército, respaldado por Estados Unidos, contra las guerrillas. Quince años después, ni un solo comandante de alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.

En febrero, Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el segundo al mando de la 10 brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales. El grupo reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio "excelentes resultados" en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años. Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes. Un típico caso de "falso positivo". En la época en que se difundió el informe, Martínez Espinel dijo que no tenía "ni idea" de si había realizado los pagos. "Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado", afirmó.

Sin embargo, nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.

Algunas de las gratificaciones, que nunca excedieron los 500 dólares, fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales descubrieron que el beneficiario real fue el soldado Oscar Alfonso Murgas, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en una tercera muerte de un civil no relacionado. Otro destinatario oculto fue un ex comandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.

En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos documentos, se produjeron días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel. El pago se refería a un combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo —tres días después—, en el que murió un varón no identificado -"sin nombre"- supuestamente en posesión de una granada y una pistola.

"Hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos -como promesas de trabajo-, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción", aseveró José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch. "Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las escarapelas en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras 'exitosas', corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década".

Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias. Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su estancia en la 10 brigada no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate, sino que desempeñó un papel puramente administrativo. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", afirmó.Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de "falsos positivos", hasta ahora no se ha condenado a un solo general y sólo a un puñado de coroneles.