Mientras se realizaba el funeral de un chico de 14 años asesinado de un tiro en la cabeza por la policía nacional, representantes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), del Colegio de Abogados de Caracas y de organizaciones no gubernamentales y de estudiantes, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la nulidad de la resolución ministerial que autoriza el uso de armas de fuego a uniformados para reprimir manifestaciones. La norma número 8610 fue aprobada por el Ministerio de Defensa en enero. Ahora, un uniformado utilizó su arma de fuego para ultimar a un estudiante secundario en una protesta que, según todos los testigos y videos, no tenía visos de violencia. El joven fue velado en San Cristóbal, en el Estado de Táchira, donde fue ultimado.
En su presentación ante el Tribunal Supremo, la MUD pide respuesta a la solicitud introducida el pasado 3 de febrero, en la que se pidió la derogación de la medida del Ministerio de Defensa que autoriza a los funcionarios policiales a hacer uso de armas de fuego en manifestaciones. A su vez, el grupo defensor de derechos humanos Cofavic declaró que, a 26 años de las manfiestaciones conocidas como el “Caracazo”, el gobierno debe conducir sus acciones con respeto a las garantías ciudadanas, por lo que pidió anular la autorización del uso de fuerza “potencialmente mortal” en protestas públicas. La terminología es un eufemismo para justificar el uso de armas de fuego. La fundadora de Cofavic, la abogada Liliana Ortega, dijo que la resolución es claramente inconstitucional. “No es el único paso, el otro tiene que ver con el uso de la Justicia como herramienta de venganza política, que hemos podido observar en líderes de la oposición, estudiantes y defensores de los derechos humanos”, señaló. Asimismo, alertó que no es legal que los militares participen en acciones contra protestas públicas, pese a que es común desde el acceso al poder del chavismo.
El caso de violencia estatal más reciente es el del adolescente Kluivert Roa, quien murió el martes de un tiro en la cabeza disparado por un agente de policía. Este fue detenido e imputado por homicidio, luego de un clamor generalizado, tanto en Venezuela como en el exterior. Las terribles imágenes del chico con su cráneo destrozado y en medio de una gran mancha de sangre sobre la calle conmovieron a Venezuela y a toda la región. El hecho ocurrió en el estado occidental de Táchira, donde se iniciaron en 2014 las protestas.
La portavoz de la organización no gubernamental sobre temas militares Control Ciudadano, Rocío San Miguel, afirmó por su lado que el homicidio de Roa fue producto de un “cóctel” peligroso que resumió en: “Partidización de los cuerpos de seguridad del Estado y la fuerza armada, el discurso de odio desde el poder” y la resolución del Ministerio de Defensa sobre el uso de armas letales.
En tanto, otro episodio de destitución de autoridades locales opositoras al régimen chavista ocurrió ayer. La mayoría del Concejo del municipio Guasdualito destituyó a la alcalde Lumay Barreto, del opositor partido Voluntad Popular. La decisión ocurrió una semana después de que el alcalde metropolitano de Caracas y dirigente opositor, Antonio Ledezma, fuera arrestado, encarcelado e imputado por “conspiración”. Barreto fue elegida en diciembre de 2013. Es militante del partido Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López.
¿Evo vs. Mujica? En tanto, aliados del gobierno del presidente Nicolás Maduro dieron ayer versiones encontradas sobre el presunto complot que estaría sufriendo. El presidente boliviano Evo Morales reiteró la clásica tésis de la “injerencia estadounidense”. Para Morales, “es una conspiración, una conspiración desde Estados Unidos, y vamos a defender las democracias de América latina”. No es la primera vez que Morales enuncia estas hipótesis, en sintonía con su aliado Maduro. Sí es nueva la versión que lanzó el verborrágico presidente saliente de Uruguay, José “Pepe” Mujica. Mujica dijo que “hay maneras muy inteligentes de desestabilizar un gobierno” y “es mucho más fácil hacer incurrir a un gobierno en estupideces y hacerlo entrar”, en errores. Pareció una tácita admisión de las torpezas del gobierno de Maduro. Pero Mujica agregó que “el problema que puede tener Venezuela” es la eventualidad de que se produzca “un golpe de Estado de militares de izquierda”, porque “con eso la defensa democrática se va al carajo”. Es parte de una entrevista de Mujica al diario El País que se publicará hoy, y de la que sólo se conocieron extractos.
