El concepto de burocracia tiene dos significados diametralmente opuestos. El primero refiere a "la organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios". El otro es peyorativo: "Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas". Obviamente y admitiendo que el primero se ajusta a una necesidad estructural de cualquier administración, el que cala hondo en la semántica ciudadana es el peor. Arquetipo de este extremo resulta ser la Ansés. De nada valen las promesas de instalar un sistema informático de última generación para agilizar trámites; un proyecto de un ex director, ahora ministro de Economía, a fin de liquidar 40 mil sentencias anuales a favor de los jubilados. Estas apenas llegan a la mitad. Y lo que es aún más grave, hace caso omiso a los fallos judiciales demorando impiadosamente reajustes, liquidaciones y actualizaciones. Al punto de que numerosos jubilados mueren antes de percibirlos. Hay millares de casos, como el que suscribe, que para derivar un simple expediente a Fiscalía pasan años y la respuesta al obligado reclamo lo confirma: "La Ansés es responsable de la correcta aplicación de la normativa vigente en la materia que le compete, no resultándole posible alterarla con excepciones reglamentarias". Todavía no entiendo cuál es la excepción. ¿Será que acaso hay expedientes del siglo pasado en la "amarga espera"?
