Tres colombianos tenían la dirección de Luis Medina al hacer un trámite

En agosto pasado 21 ciudadanos colombianos obtuvieron licencias de conducir en la localidad Maciel sin tener residencia en ese pueblo ubicado a 60 kilómetros de Rosario y presentándose a realizar el trámite todos juntos. Eso implicó que el Centro de Habilitación de Conductores de esa comuna de 5 mil habitantes fuera cerrado por el gobierno provincial por expedir carnés con irregularidades que burlan los controles más elementales.

Tres de las personas que obtuvieron el carné de esa manera fueron detenidas el 20 de noviembre de 2013 por una ejecución brutal de un chico de 13 años ocurrida dos semanas antes. Se llamaba Ezequiel Cantero y fue acribillado a balazos desde una moto en el barrio 7 de Septiembre. Los que tramitaron el carné de manejo en Maciel se llaman Juan Carlos Giraldo Ramírez, Cristian Camilo Giraldo Ramírez y Carlos Ariel Fernández Alzate. En el soporte informático de consultas del sistema conclusional de juicio de delitos estas tres personas figuran aún imputadas por ese homicidio.

No solamente eso vincula a los tres solicitantes colombianos del carné de conducir. Otra coincidencia es figurar en registros de consulta pública con la misma dirección en Rosario. La dirección donde dijeron vivir es Perú 620, en barrio Belgrano. Se trata de la casa donde nació, detuvieron por primera ver por tráfico de drogas y fue velado Luis Roberto Medina, el comerciante con profusos vínculos con el narcotráfico emboscado y asesinado junto a su novia el 29 de diciembre de 2013, en el acceso sur.

Esa alarmante novedad fue detectada en cruces de organismos públicos que consideraban que la presencia de 21 extranjeros de la misma nacionalidad sin ocupación regular en un pueblo pequeño para realizar el mismo trámite era lo suficientemente sugestiva para ser investigada. La conjetura que impulsó la consulta es que esa situación no puede ser casual ni espontánea, sino que indica la presencia de una organización por detrás, que los sostiene económicamente e impulsa con propósitos ilícitos. Lo que se presume es que en este grupo hay individuos que ofician de mano de obra para concretar homicidios. Dicho de otro modo: sicarios.

Los colombianos que fueron en congregación a Maciel a tramitar sus carnés de manejo residen mayormente en Rosario, también en Santa Fe y en San Javier. La Agencia de Seguridad Vial detectó esta irregularidad llamativa que está en conocimiento de los fiscales de Delitos Económicos y Complejos.

Capítulos. La presencia en Rosario de colombianos implicados en acciones conectadas con el narcotráfico tiene capítulos persistentes. Hace diez días fue detenido en una casa de Alberdi Jorge Elises Ramírez Cuartas, un colombiano implicado en la organización desbaratada por el juez federal porteño Sergio Torres, acusada de traficar cocaína en un cargamento de arroz descubierto en el depósito fiscal Binder de la zona oeste de la ciudad. En este grupo también está detenido e imputado el oncólogo rosarino Gabriel Zilli, dueño de una casa de Víctor Mercante 1135 donde se hallaron más de cuatro kilos de cocaína en un cielo raso.

La mayoría de los casos asoman y quedan en una nebulosa como eventos tan dudosos como sugerentes. Pero las conexiones de colombianos en el entorno del malogrado Medina son copiosas y tienen registro abundante tanto en los órganos judiciales como en la prensa. Las sospechas del entorno de Medina con personas de esa nacionalidad que enriquecieron con negocios con drogas están documentadas por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro que investigó, por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el secuestro del financista Diego Fernando Filo, quien según esa pesquisa fue hecho cautivo para cobrar una deuda de medio millón de dólares que el prestamista argentino había contraído con la consuegra del narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff.

La pesquisa, en este caso del fiscal federal Fernando Domínguez, determinó que los llamados extorsivos que recibía la familia Filo provenían de un celular radicado en Colombia. Pero un dato muy revelador es que el análisis telefónico llevó al procesamiento por este hecho de dos miembros de una banda especializada en robo de autos de alta gama cuya documentación se falsificaba en Rosario. El análisis de la DDI señalaba que los secuestradores de Filo obtuvieron este trabajo a partir de las relaciones de Medina con el grupo de Meyendorff. Una nota de la periodista Virginia Messi subraya que durante el secuestro de Filo la banda que lo retenía se comunicó 62 veces con un celular radicado en Rosario y localizado en la zona del country de Pilar donde vivía Medina hasta su homicidio.

Armados. El pasado martes 11 de noviembre la Fiscalía de Flagrancia de Rosario recibió una comunicación de Gendarmería. Una patrulla de esa fuerza detuvo a cuatro colombianos con un arma de fuego en Mangrullo al 4900, barrio Saladillo, sobre una Toyota Hilux. Fueron identificados y uno de ellos era propietario de una mueblería. Se les atribuyeron contactos y haber estado en compañía de una hijastra de Luis Medina, hija de la ex esposa de éste, Daniela Ungaro. Ninguno tenía antecedentes por los que se los liberó ya que la tenencia de un arma de fuego, es excarcelable.

En ese momento se investigó de modo preliminar si estas personas tenían vinculación con el crimen de Gustavo Segura Figueroa, un muchacho colombiano de 24 años asesinado dos días antes de estas detenciones en la zona oeste rosarina. La familia de Segura Figueroa, acribillado de dos disparos en la cabeza a corta distancia en el asentamiento La Lagunita, señalaron que el chico realizaba cobranzas por la venta de muebles a largos plazos de crédito, conocido como gota a gota.

La motivación de este homicidio no pareció ser el robo dado que se encontró su celular, su mochila y una moto de baja cilindrada. A tres cuadras del lugar donde hallaron el cuerpo de Figueroa funcionaba un quiosco de drogas, en Perú al 3300, que según las fuentes policialesconsultadas era controlado por el grupo de Medina.

Héctor Gallardo es el jefe presunto de una organización para transportar drogas desde el norte argentino a Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Santa Fe por rutas terrestres y aéreas. Entre sus enclaves habituales estaba Frontera, localidad santafesina limítrofe con Córdoba. El periodista Germán de los Santos recordó que en una entrevista con el diario Día a Día de Córdoba Gallardo admitió que tenía como empleados a colombianos en una empresa de muebles a crédito con el sistema gota a gota. El artículo señala que en 2013 “llegó a haber 30 colombianos trabajando para Gallardo con distintas funciones, desde vendedores de muebles hasta especialistas en cocaína líquida”.

A esa trama narco atribuyen el ataque a dos hombres de Santo Tomé que aparecieron muertos a balazos en un Peugeot 307 calcinado en enero pasado. Los investigadores sabían que las víctimas tenían relación con Gallardo y como hipótesis que éstas habían intentado encaramarse en su negocio cuando aquel cayó preso por procesado por organización, transporte y venta de drogas.

Como miembro de la banda de Gallardo fue procesada Jaquelina Mailen Ungaro y su marido Antonio Astrada.

En la nada. Entre los brumosos casos que se perdieron en la nada destaca el allanamiento de un chalé de 9 de Julio 2640 en abril de 2012. Ahí vivían seis colombianos a quienes suponían la pata rosarina de una banda internacional de traficantes de cocaína que cayeron en un operativo gigante con 78 allanamientos en todo el país. Entre los 34 apresados había 15 colombianos sindicados como miembros del grupo de Meyendorff, quien llegó en 2003 a la Argentina, señalado por la DEA como traficante de cocaína. Fue apresado en abril de 2008 en Ezeiza con pedido de captura.

Cuando la Policía Federal allanó la casa rosarina no había nadie. “Entra y sale gente de toda clase: hombres de traje y corbata impecable, tipos vestidos informal y todos tatuados”, comentó un vecino a este diario el día posterior al allanamiento.

De compras. La banda se caracterizó por adquirir inmuebles y campos para lavar su dinero en las localidades bonaerenses de Chivilcoy y Brandsen y casas en reductos exclusivos como Nordelta, Abril y Puerto Madero. Según advirtieron referentes políticos de la zona de Maciel, a propósito del caso de los carnés de conducir, en localidades de ese corredor personas de esa nacionalidad empezaron a hacer inversiones en inmuebles que empezarán a ser investigadas.

La reunión cumbre en Rosario. Como en otras zonas de Argentina, en Rosario hay una colonia de residentes colombianos que hacen un valioso aporte a la vida comunitaria tanto en la vida laboral como académica. Colombia tiene hoy uno de los estándares educativos más altos de América y sus universidades son referencias de prestigio en la mayoría de las disciplinas. Lejos en el ánimo de esta nota promover peligrosas confusiones entre la pertenencia un país y sus factores delictivos.

No obstante las referencias a la consolidación en Argentina de núcleos criminales procedentes de esa país son corroborables en los ámbitos penales. Y la provincia de Santa Fe está lejos de quedar ajena a esa verificación. En septiembre de 2011 el diario El Tiempo de Bogotá, uno de los más prestigiosos de Colombia, consignó que Rosario fue sede de una reunión cumbre de narcotraficantes de esa nacionalidad, para sellar un pacto de no agresión durante el proceso electoral desplegado ese año.

Esa información fue atribuida por el periódico a diversas fuentes de la agencia norteamericana DEA que buscaba, precisamente, a uno de los narcos colombianos más buscados. Este es Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, a cuya estructura criminal se conoce como “Oficina de Envigado”. A “Valenciano” dijeron haberlo localizado en Rosario junto a Ericson Vargas, alias “Sebastián”, del cártel de Medellín. Según la información atribuida a la DEA los encuentros se hicieron en Rosario la primera semana de septiembre de 2011 y allí se definieron acuerdos sobre la división criminal del territorio en comunas de Medellín.