No fue novedad que la actuación policial en una causa por drogas quedara en
entredicho durante un juicio oral en los Tribunales Federales de Rosario. Pero esta vez las
irregularidades las señaló la fiscal del caso, que se encarga de formular la acusación, basada casi
siempre en la investigación de esa fuerza. En el banquillo había cuatro personas detenidas en 2007
en la terminal de ómnibus, según el parte preventivo policial, con seis kilos de cocaína. La fiscal
dijo que, tras la intervención de los peritos oficiales, esa cantidad adelgazó casi ocho veces,
hasta quedar en 875 gramos de la sustancia: el resto era cafeína y xilocaína. Y que el testigo
civil del procedimiento no avaló lo que los uniformados sostuvieron haber hecho.
En el Tribunal Federal Nº2 —integrado por Omar Digerónimo, Santiago Harte
y Marcelo Bailaque— se ventila la responsabilidad penal de Ariel Ochoa, Osvaldo Sosa, Miguel
Ramos y de su hermano César Maximiliano. Los cuatro fueron detenidos por efectivos de la Dirección
de Prevención y Control de Adicciones, el 1º de noviembre del 2007, en la terminal. Según el relato
oficial, cerca de las 5 de ese día, un hombre bajó con un bolso de un ómnibus que había salido de
Buenos Aires. Apenas descendió se le acercaron dos jóvenes y los tres se marcharon con paso
presuroso.
Policías que los observaban se acercaron al advertir la actitud de los dos
hombres que encararon al pasajero como si fueran su custodia. Tras ser identificados, uno de los
policías pidió al pasajero que abriera el bolso. Allí había 12 panes compactos de cocaína de 500
gramos cada uno, según explicó en ese momento un alto jefe de Drogas Peligrosas. A los tres hombres
los esperaba un cuarto en un pick up sobre calle Santa Fe. También fue apresado.
La fiscal Mabel Colalongo cuestionó ayer aspectos del procedimiento policial.
Primero aseguró que no se resguardaron las pruebas desde el momento en que la droga fue hallada en
la terminal. "No se señalizó debidamente los doce envoltorios encontrados en el operativo", afirmó.
Adujo además que el testigo civil declaró ante el tribunal que los agentes realizaron el análisis
de la droga incautada en la terminal. Sin embargo, esta versión fue contradicha por el oficial
Fernández. "Corté uno de los paquetes, pero no realicé la prueba porque no era el lugar indicado",
sostuvo el policía.
Frente a esta afirmación, la fiscal Colalongo se preguntó cómo los uniformados
"no llevaron una balanza" cuando se trataba de un operativo de rutina ordenado por las autoridades
de la ex Drogas Peligrosas. No haber pesado la carga en el lugar del hallazgo para la fiscal
ensombrece el procedimiento.
A la hora de determinar los roles de los cuatro imputados, consideró que había
prueba para acusar a dos de los hombres apresados. Para la fiscal quedó demostrado que Ochoa salió
de la terminal de la localidad bonaerense de Florencia Varela con un bolso negro en el que llevaba
la droga. A su vez, consideró que Miguel Ramos pactó con Ochoa el transporte de la cocaína a
Rosario. "Ramos le compró el pasaje para venir a la ciudad y además quedó comprobado que los dos se
encontraron en el mismo horario en la terminal", detalló Colalongo.
Además, cuestionó el planteo de José Alcácer, el defensor Ramos, que sostuvo en
la audiencia que su cliente llegó a vender una camioneta a "unos gitanos" que, según certificó un
escribano, vivían en la zona de Lagos y Circunvalación. "Curioso que haya llegado a la 1.30 para
reunirse con estas personas en un lugar alejado de la terminal", sostuvo.
En otro tramo del alegato, afirmó que a los cuatro imputados no podían
imputárseles la figura penal de tenencia de droga con fines de comercialización. Consideró que
Miguel Ramos y Ochoa son coautores del delito de transporte de estupefacientes y pidió para ambos
una pena de 4 años y tres meses de prisión. En cambio, valoró que a César Ramos y Osvaldo Sosa
corresponde la figura de partícipe secundario y solicitó una sanción de dos años de cárcel. "Como
la pena ya está cumplida por el tiempo que llevan detenidos, solicito su libertad inmediata",
señaló la fiscal.
Después fue el turno de Mariana Grasso, defensora oficial de Sosa. La letrada
planteó la ilegalidad del procedimiento policial. Para detener a los imputados, los policías, según
dijeron en el tribunal, dijeron que los habían apresado basándose en el "olfato policial o la
experiencia". "En realidad, a uno de los acusados lo apresaron porque tenía una contextura
robusta", dijo Grasso, que reportó el testimonio de uno de los uniformados. En base a estos
argumentos solicitó la absolución de su cliente.
