¿Qué ofrecer a los adolescentes que ingresan en el delito? La pregunta dispara a menudo respuestas que no superan el umbral de la represión o el encierro. La provincia procurará marcar otro camino con un programa concebido para la inclusión social mediante la capacitación educativa y laboral de jóvenes de entre 16 años y 18 años imputados de delitos.
La experiencia arrancará el lunes. Es apenas un primer paso y abarcará a 15 chicos que están en libertad bajo observación judicial. Intenta rescatar de la exclusión, territorio que suele empujar al delito a quienes no tuvieron recursos para optar por otras cosas, a chicos a los que se brindará capacitación y práctica laboral.
El inicio. Se trata del Programa Oportunidad, plan que coordina la acción de tres ministerios: Justicia, Trabajo y Desarrollo Social, lo que se llama el gabinete social. Por el período de siete meses, cada joven recibirá capacitación y formación laboral vinculada a sus intereses y perfil personal. Se les brindará también un estímulo económico a través de un sistema de becas y pasantías laborales.
En esta primera etapa se incluyen cursos de capacitación en soldadura, carpintería, albañilería, pintura de obra, panificación y herrería, entre otros. La segunda etapa consiste en el cumplimiento de una práctica laboral. Hay, a tal efecto, una nómina de empresas dispuestas a absorberlos transitoriamente.
El ministro de Justicia, Héctor Superti, explicó que esta herramienta germinó como alternativa al encierro. "Intentamos reforzar la idea en cuanto a que la privación total de libertad sea el último recurso al que se apele. Esto se traduce en "no" encerrar. Pero también quisimos desarrollar en un "sí", es decir qué medidas punitivas, pero de contenido socioeducativo. En esa línea es que junto a otros programas se construye este que hoy se pone en marcha", explicó el ministro.
Es una experiencia compleja, pero posible. Se parte de la base de intentar brindar a chicos que vivieron condiciones de extrema privación económica, desertores del sistema de educación formal o que ni accedieron a él, una posibilidad de adiestramiento en técnicas laborales. Los orientadores son especialistas que intentan en base a técnicas pedagógicas lograr la integración grupal de los chicos, ayudar a mejorar su autoestima, a resolver pacíficamente los conflictos y apoyarlos en su crecimiento personal.
"Es una oportunidad para los que en la mayor parte de los casos no la tuvieron", dijo el ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez. "A muchos jóvenes la pobreza y la inequidad los ha estimulado a desarrollar la violencia como herramienta", estableció.
Los cursos comenzarán a dictarse el lunes a las 15 en el Centro de Formación Profesional Nº 2, de Crespo 847. Los tomarán 15 chicos bajo tutela judicial.
El acto de presentación se hizo en la sede de Gobernación de Rosario. Estuvieron allí tres diputados nacionales: Verónica Benas, Mónica Fein y Emilio García Méndez. Este último es autor de uno de los proyectos que se debaten en el Congreso de la Nación para instaurar un régimen de responsabilidad penal juvenil. También el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, jueces de menores de Rosario y autoridades del área penal de minoridad de la provincia.
Los sub 16. Superti reivindicó que un eje de la política del ministerio a su cargo fue procurar que los adolescentes de menos de 16 años no caigan en el sistema de justicia penal juvenil. "Y hoy podemos decir que en ningún establecimiento de esta naturaleza en la provincia hay personas menores de 16 años, fenómeno que no se repite en otros lugares", indicó.
Por Miguel Pisano
Por Florencia O’Keeffe
Por Facundo Borrego