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Un pacto social logró disminuir la criminalidad en un Estado brasileño

Pernambuco implementó hace seis años un programa que articula a los poderes estatales con ONG's para abordar la inseguridad. La tasa de homicidios que en 2007 era de 55,8 por cada cien mil habitantes logró ser reducida a 35 en 2013.

Lunes 23 de Septiembre de 2013

Manoel Caetano Cysneiros de Albuquerque Neto ostenta el cargo de gerente general de Articulación e Integración Institucional del Estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Allí, en los últimos seis años, el gobierno local implementó un programa que le permitió bajar de manera importante el índice de criminalidad y la tasa de homicidios, números que mostraban que ese Estado era más violento incluso que Río de Janeiro.

Conceptos como "seguridad contextualizada", "represión cualificada" o "modelos de gestión" fueron los pilares de la charla que el funcionario mantuvo con La Capital en la ciudad de Santa Fe, hasta donde este hombre llegó para asistir al Segundo Encuentro de Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur en el que también participaron representantes de la provincia y de Montevideo (Uruguay) y en el cual el principal eje de debate fue la seguridad (ver aparte).

—¿Con qué tasa de criminalidad comenzó la aplicación del plan Pacto de la Vida?

—En 2007 era de 55,8 por cada 100 mil habitantes. Fue cuando el gobernador de Pernambuco convocó a las áreas de defensa social y seguridad pública para reunir junto a los fiscales judiciales y la sociedad civil, organizada en ONG's, entidades de derechos humanos, universidades, para construir una propuesta destinada a mejorar la seguridad social del estado. Se inició entonces un trabajo en diversas salas temáticas abocadas cada una a un asunto específico: actuación policial, violencia de género, violencia contra orientación sexual. El trabajo fue sistematizado y de allí salió un documento llamado Pacto de la Vida, que es el que terminó dando nombre al plan, y comprometería a todas las áreas oficiales vinculadas convirtiendo a la seguridad en uno de tres ejes primordiales de gobierno al que no le era ajena ningún espacio de gobierno sea político, social o económico.

—¿A qué se refiere específicamente?

—A que la seguridad debe comprenderse contextualizada en el marco de la realidad socioeconómica, cultural, educativa, de desarrollo general, de la comunidad que la genera y de los ciudadanos que la protagonizan en un sentido u otro.

—¿Qué resultados obtuvo el Pacto de la Vida?

—De una tasa de criminalidad medida en 2007 en 55,8 se alcanzó a agosto de 2013 una reducción que la ubicó en 35 cada 100 mil habitantes.

—Una reducción significativa que potencia el interrogante acerca de cómo lo lograron.

—Mediante un trabajo sistematizado de responsabilidades asumidas y metas comprometidas con revisiones constantes que permitió ir ajustando las medidas de gobierno conforme las metas planteadas en cada zona del estado se fueran cumpliendo o no.

—La disyuntiva parece estar dada siempre entre la lentitud de una transformación mediante política social y la urgencia que reclama la represión delictual, ¿cómo fue resuelta esa cuestión?

—Comenzó un trabajo de investigación policial con inteligencia para detectar los grupos de exterminio que existían como problema muy serio en Pernambuco y que, integrado incluso por algunos policías, habían optado por la última opción haciendo justicia por mano propia...

—Aún así, ante la necesidad de reprimir legalmente al delito, ¿cómo logran erradicar esa represión ilegítima, indiscriminada y, por ende, también delictiva?

—Con lo que hemos llamado represión cualificada.

—¿A que llaman represión cualificada?

—A aumentar la calidad de las investigaciones a los efectos de mejorar la aplicación de la norma jurídica penal. Incentivar mecanismos de investigación para reemplazar la clásica razzia generalizada, para discutir dónde actuar de modo específico. Había compartimentos estancos en la órbita del Estado. El Ministerio Público no dialogaba con el Poder Judicial o la policía. Fue entonces que el gobernador convocó a todos a crear un espacio común e interdisciplinario y en él se comienzan a ordenar las investigaciones selectivas en casos complejos como es el tráfico de drogas o los homicidios. Para ello, incluso, se convocó a investigadores especializados, a policías retirados o a algunos de jurisdicción federal.

—¿Cómo resolvieron el riesgo de terminar creando una estructura paralela al poder investigador ya sea judicial o policial?

—La reforma no fueron ni purgas ni estructuras paralelas. Fue organizativa. Innovaciones institucionales e integración interinstitucional. Ahí estuvo la clave. No hubo algo nuevo sino una ingeniería de trabajo distinta. El gobernador de Pernambuco llamó a todos los sectores y los dividió por cámaras temáticas. En el caso de la represión cualificada estuvieron un representante de la Corte, del Ministerio Público y de la policía para trabajar en forma integrada. Otras cámaras apuntan a otros aspectos como el social.

—¿Cómo lograron el estándar de eficacia? La reforma por sí sola no garantiza en su formulación que la policía trabaje más y mejor y que cada área haga otro tanto.

—Se produjo una transformación en el modelo de gestión con incentivos en las metas por cumplir y se bajó la corrupción policial con más de 200 efectivos detenidos. Todo el Estado fue dividido en 25 áreas de vigilancia policial y se usaron métodos de investigación que priorizan la inteligencia en detrimento de la fuerza haciendo foco en los asesinatos y se introdujo en la institución policial el mismo modelo de "gestión por resultados" utilizado en las grandes empresas, dando premios en dinero para quienes cumplan las metas establecidas.

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