Tras un día de tensión y reclamos comenzó el reparto de ayuda social

La asistencia a los damnificados por la trágica tormenta del lunes pasado comenzó a distribuirse ayer de menor a mayor y en un tenso marco. Mientras Rosario permanecía jaqueada por más de 20 piquetes, autoridades santafesinas y municipales mantuvieron distintos encuentros con organizaciones sociales y políticas en procura de que la ayuda (chapas, tirantes, colchones y frazadas) llegara a los perjudicados por el fenómeno meteorológico, que podrían sumar unas 500 familias.

Algunos de los reclamos en calles, avenidas y accesos a la ciudad desembocaron en hechos de violencia, entre ellos un ataque con piedras al Centro de Distrito Oeste y agresiones a cuadrillas de la Empresa Provincia de la Energía (EPE). Por eso desde la Casa Gris amenazaron con llevar ante la Justicia a los "pícaros" que busquen usufructuar la situación de crisis.

Sobre las 20.30, el secretario de Gobierno municipal, Horacio Ghirardi, confirmó a La Capital que el reparto de asistencia había avanzado "en forma considerable, priorizando a los damnificados" por el meteoro.

"Los piquetes (por entonces sólo cinco en la zona norte) se descomprimieron a partir del diálogo directo con referentes sociales y vecinos en todos los distritos (seis)", agregósin descartar nuevos reclamos en función del cronograma de ayuda acordado. Respecto de la valuación de los daños sufridos y de los elementos distribuidos, Ghirardi se limitó a afirmar: "Varios millones de pesos".

Durante todo el día el comité conformado por funcionarios provinciales y municipales negoció para levantar las protestas con el argumento de que obstaculizaban la distribución de la ayuda y los servicios esenciales para normalizar la ciudad.

Los piquetes se habían multiplicado luego de que habitantes de distintos barrios denunciaran que la asistencia no estaba llegando a destino, a 48 horas de la fuerte tormenta de viento, lluvia y granizo que provocó ocho muertes en Rosario (ver aparte), pérdidas materiales y unos 50 heridos.

El efecto del reclamo fue contundente y llegó a frenar a decenas de camiones en la avenida de Circunvalación. También hubo barrios incomunicados y situaciones conflictivas entre ciudadanos.

El intendente Miguel Lifschitz reconoció que en los piquetes "hubo algún aprovechamiento" por parte de organizaciones políticas, mientras que el ministro de Desarrollo Social provincial, Pablo Farías, advirtió sobre "el nivel de conflicto".

El funcionario no cuantificó la ayuda a entregar pero aclaró que estaba "dentro de las posibilidades presupuestarias". Luego ratificó el arribo de un cargamento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con chapas, tirantes, rollos de polietileno, colchones y frazadas, en parte derivado a otras ciudades también castigadas por el fenómeno (Pérez y Villa Gobernador Gálvez).

Ghirardi fue otro de los que apuntó a "algunas organizaciones, como la Corriente Federal Kirchnerista, que están convocando a los piquetes".

Luego, el ministro de Gobierno provincial, Antonio Bonfatti, alertó que los "pícaros" serán llevados a la Justicia. Su par de Seguridad Pública, Daniel Cuenca, habló de respetar la protesta aunque aludió a la presencia de personas en los piquetes "para molestar o cometer delitos".

Pero desde el Movimiento Popular Libertador San Martín, que levantó la protesta sobre el mediodía tras obtener el compromiso oficial de ayuda, Claudia Fleitas refutó a Ghirardi: "Es mentira que queremos provocar caos, porque ellos enseguida responden con represión cuando protestamos los pobres".

Paralelamente, militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) hicieron hincapié en supuestas fallas en los relevamientos del municipio y en la demora en la distribución de la asistencia.

Argumentos. En el Palacio de los Leones justificaron la dilación del reparto de la ayuda en las incesantes negociaciones mantenidas con las organizaciones, siempre con la premisa de "entregar materiales pero no dinero en efectivo".

Los diversos niveles de peticiones y la presunta interferencia de otros intereses también habrían abonado la demora.

Si bien la gestión socialista relevó unas 150 familias para la distribución de las chapas destinadas a paliar la voladura de techos, el número de damnificados sería superior al momento de repartir otros elementos como colchones y frazadas.