Se está difundiendo en estos días el protocolo de asistencia para la interrupción de embarazos. Una ley que está vigente pero llena de incongruencias. El aborto está permitido en casos de violación o violencia de género en la pareja, pero la mujer no está obligada a denunciar al atacante, quien resulta inocente, limpio y protegido por la Justicia. La ley dice que la salud también es un concepto "social", o sea que la mujer puede abortar porque con el embarazo y el bebé deja de salir con las amigas, tiene que dejar la escuela o le resta puntos para conseguir un empleo. Los profesionales de la salud tienen el derecho de ejercer la objeción de conciencia, pero si es director de un hospital se lo separa, como ocurrió en marzo en el Hospital Samco de Rafaela, arrebatando su libertad de trabajo. Y este protocolo está impulsado también por el Inadi, que protege y promueve el derecho de la mujer a abortar, pero se olvida del derecho a nacer y a vivir de esa nueva persona que no es tomada en cuenta, que es inocente, frágil e indefensa, que la obligan a ser la más perjudicada en esta historia. Nuestros jóvenes necesitan de otros protocolos. Que los asistan en su crecimiento llenándolos de vida y no de muerte. Para que vivan su adolescencia con una sexualidad responsable, saludable, respetando su cuerpo y el de los demás. Con jóvenes que busquen su madurez construyendo un futuro de horizontes amplios y valores sólidos. Planificando una familia estable, de amores resistentes y con hijos deseados, para lograr una sociedad más humanitaria y fraterna, la que todos anhelamos.
