La Comisión de Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas aceptó la renuncia de su titular Héctor Cisneros, acusado de haberse desempeñado como personal de inteligencia del Ejército durante la dictadura, y repudió las acusaciones en su contra al señalar que tratan de "perjudicar la larga historia de lucha en pos de la memoria" de la entidad.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la Comisión informó que aceptó la renuncia al cargo de presidente de Cisneros y designó en su reemplazo a quien venía desempeñando la vicepresidencia, Delmira Hasenclever de Cao.
En el texto consideró, además, que las acusaciones contra Cisneros buscan perjudicar la "larga historia de lucha en pos de la memoria de los héroes caídos en Malvinas y de la causa por la recuperación de nuestros archipiélagos australes, y los trascendentes logros alcanzados" por la entidad.
Desde 1982, la comisión organizó unos 27 viajes a Malvinas con familiares de los muertos y 2 a la zona donde fue hundido el crucero General Belgrano, y además construyó un monumento a los caídos en el cementerio de Darwin, que fue inaugurado el año pasado.
Según se supo ante desclasificaciones de archivo, Cisneros integró la lista de 4.300 agentes civiles y militares que formaron parte del Batallón 601, el organismo de inteligencia del Ejército.
Entre 1981 y 1983 se desempeñó como encargado de apoyo y procesamiento de datos, y mientras continuaba con esa función fundó la Comisión de Familiares, tres meses después de finalizada la guerra, en septiembre de 1982.
En el comunicado, los familiares repudiaron "enérgicamente" las imputaciones contra Cisneros y aclararon que las acciones de la organización fueron "fruto del debate democrático interno, y del consenso alcanzado por el conjunto de los familiares".
En tanto, los familiares rechazaron también las acusaciones de entidades de ex combatientes que señalaron que Cisneros siempre se negó a que se identificaron los cuerpos enterrados como NN en Malvinas, y también se opuso a la causa sobre violaciones a los derechos humanos en las islas.
"No existen NN entre los caídos, los cuales se encuentran debidamente identificados por sendas leyes nacionales", dice el comunicado y agrega que las pericias genéticas sobre esos restos "carecen de sentido, pueden provocan la reapertura de sufrimientos innecesarios entre los deudos, y hacen peligrar la permanencia de los restos en el lugar".
En cuanto a las causas abiertas por denuncias sobre maltratos a soldados por parte de los superiores, la comisión indicó que su postura "fue siempre de respeto a quienes vivieron en su propio cuerpo y alma las vicisitudes de la guerra, quienes deben ser los que definan qué hacer respecto de esas situaciones"
"Su propio Astiz". Por su parte, Víctor Sosa, ex vicepresidente de la comisión, se lamentó, sin embargo, de que la entidad ha tenido a "su propio (Alfredo) Astiz", en referencia al ex marino actualmente sometido a juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), cuando se infiltró en la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo. (Télam)
Por Leandro Garbossa
