La tragedia de Salta al 2100 expone con claridad el grado de desprotección en el que vivimos los rosarinos y la inutilidad de los organismos creados para controlar a las empresas concesionarias de servicios públicos. Resulta increíble la displicencia con que las autoridades de Litoral Gas explicaron que sus responsabilidades terminan en la línea de edificación y que las instalaciones internas son de exclusiva responsabilidad de los vecinos. La empresa se desligó de los trámites de habilitación de los gasistas, aclarando que la “matriculación de los especialistas no existe”, ya que Litoral Gas no capacita, como tampoco examina la idoneidad de los servicios particulares ni la calidad de los trabajos que se realizan en las instalaciones domiciliarias. La instalación de gas natural es una cuestión delicada y no puede dejarse al arbitrio de un service y habilitar el servicio sin un control efectivo de los materiales empleados, el correcto ensamblado de los caños, la ubicación de llaves de corte adecuadas y el control de pérdidas o fugas, es de una irrespobnsabilidad manifiestas y propio de empresas a los que no les importa la gente. Esta tragedia al menos debe servir para corregir falencias y centrar las bases de una estricta regulación y control sobre los actores intervinientes, que debe incluir a las empresas constructoras y todo el proceso de instalación, supervisión y habilitación de los servicios. La asociación de profesionales instaladores debería contar con un sistema de reválida de las matriculaciones que la empresa prestataria del servicio de provisión de gas por red debería inscribir en un registro de prestadores y Enargas controlar. Mencionado este ente, pregunto: ¿qué función cumple?
