Movimientos sociales y sindicatos de Brasil marcharon masivamente ayer por varias ciudades del país en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y contra el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Fiscalía pidió ayer que sea apartado de su cargo, en la misma jornada en la que la Corte Suprema abrió la sesión para decidir si continua o no el proceso contra la mandataria. Las multitudinarias manifestaciones contra el juicio político a la presidenta, que los movimientos califican como un intento de golpe de Estado, se dieron en 23 ciudades de Brasil, tres días después de las convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presidenta, que tuvieron una baja adhesión. El acto más grande se realizó en San Pablo, donde los organizadores estimaron una asistencia de entre 70.000 y 100.000 personas. Las movilizaciones marcharon por lugares como Río de Janeiro, Natal, Goias, y Brasilia, entre otras, con banderas que proclamaron el "Día Nacional de Lucha contra el Impeachment, el ajuste fiscal y Cunha", según informaron sus organizadores.
El Tribunal Supremo de Justicia (STF, Corte Suprema) decidía anoche si continuaba o no el proceso que el martes pasado se inició con la conformación de una comisión especial que juzgaría a la mandataria. Tras la presentación del voto del instructor, la Corte suspendió la sesión y acordó reanudarla hoy, cuando expresarán su parecer los otros diez miembros de la corte.
La Cámara de Diputados decidió el martes pasado analizar el pedido de instauración de un juicio con fines de destitución por el supuesto maquillaje de las cuentas fiscales presentadas por el gobierno pero fue suspendido temporalmente por el Supremo después de que el oficialismo solicitó esclarecer algunos detalles sobre el trámite.
El juez Luiz Fachin, instructor de la causa en la que la Corte decidirá el trámite para un eventual juicio político contra Rousseff, negó ayer uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso. Según Fachin, cuya sentencia debe ser debatida y votada por los otros diez miembros de la corte, el proceso con miras a la perdida del cargo de la mandataria solicitado por la oposición se ajusta a derecho y atiende todos las exigencias de la Constitución. El instructor rebatió el argumento presentado por partidos oficialistas y aclaró que un proceso de esa naturaleza es de contenido "político y jurídico". Fachin rebatió el alegato de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, estuviera "impedido" de autorizar el inicio del trámite del juicio político por su condición de declarado opositor al gobierno de Rousseff. "La enorme mayoría de los actores políticos son adversarios o partidarios de un presidente", por lo que "no se puede exigir una imparcialidad absoluta" en un proceso que "también es de naturaleza política y, por tanto, no puede ser exclusivamente jurídico", dijo y reafirmó que tanto la admisión del proceso como una votación secreta hecha en Diputados para escoger a los miembros de una comisión especial que tramitará el caso se hicieron dentro del marco legal.
La elección secreta había sido objetada por el oficialismo bajo el argumento que las votaciones en la Cámara baja son usualmente abiertas, pero, en opinión del magistrado instructor, se está frente a una situación excepcional. "Entiendo que la Constitución, en situaciones excepcionales como ésta, permite que la votación sea secreta" a fin de "resguardar al parlamentario frente a la posibilidad de juzgar a un presidente de la república", declaró.
Tras la presentación del voto del instructor, el tribunal suspendió la sesión y acordó reanudarla hoy cuando expresarán su parecer los otros diez miembros de la corte.
En tanto, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de Brasil pidió ayer a la Corte Suprema que despoje de su mandato al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, con el objetivo de que no pueda, supuestamente, continuar utilizando el cargo para dificultar las investigaciones en su contra por corrupción. La petición para que el parlamentario pierda el mandato y consecuentemente el cargo como jefe de la Cámara baja, fue hecha ayer por el procurador general, Rodrigo Janot, en una denuncia ante el Tribunal Supremo.
Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la base aliada del oficialismo, pero que este año se declaró opositor al gobierno de Rousseff, es investigado tanto por la Justicia como por el Congreso por supuestos vínculos con la red de corrupción que operó en la petrolera Petrobras. Para Janot, Cunha utiliza el cargo por intereses propios y fines ilícitos. En este sentido, la PGR señaló 11 hechos que comprueban que Cunha usa el cargo para perseguir e intimidar a parlamentarios, procesados que colaboran con la Justicia y abogados. La Fiscalía dijo haber reunido pruebas de que Cunha recibió 52 millones en sobornos en Suiza e Israel de la constructora Carioca Engenharia.
