El gobierno porteño envió ayer a la Legislatura una reforma al Código Contravencional, que prohíbe la actividad de los cuidacoches, los limpiavidrios y los manifestantes con rostros cubiertos y palos, para quienes prevé sanciones de uno a cinco días de arresto, entre otras medidas, lo que ya ha generado una fuerte ola de rechazo.
“Queremos que la gente pueda circular libremente por la Ciudad y que no se sienta invadida o amedrentada” ante cualquier tipo de acción compulsiva”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la sede de Bolívar 1.
El proyecto que presentó ayer avanza sobre la posibilidad de interceptar a un sospechoso “antes de que cometa un delito” y si porta una arma cortante (ganzúa), sancionarlo.
El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, acotó que “pasa a ser una contravención el solo hecho de portar ganzúas o cualquier otro elemento que haga presumir la comisión de un delito”.
Montenegro explicó que los trapitos (cuidacoches) tendrán una pena de uno a cinco días de arresto si se los descubre pidiendo plata, al tiempo que Macri acotó que en el caso de los organizadores de la actividad “que manipulan a nuestros jóvenes” las sanciones “se duplicarán o triplicarán”.
También está previsto endurecer las penas a quienes pinten o destruyan edificios, que si prospera la modificación del Código irán presos.
“Es un mensaje burdo, primitivo y ordinario que nada tiene que ver con una política de seguridad, sino de espectáculos”, afirmó tras conocer el anuncio el legislador Martín Hourest, del bloque Igualdad Social.
Para el legislador, “no existen estadísticas serias que demuestren que hay un aumento del delito por la presencia en las calles de Buenos Aires de trapitos (que piden dinero por cuidar el auto) y gente encapuchada”, opinó que lo que falla es el proceso de disuasión y consideró que “el problema no se resuelve metiendo a esta gente presa”.
“A Macri le dan repulsión los encapuchados, entonces los pone presos, y de ahí a la criminalización de la protesta social hay un hilo muy tenue”, argumentó.
“Una barbaridad”. En tanto, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Julio Raffo, de la bancada Proyecto Sur, opinó que “es una barbaridad penalizar a los trapitos cuando en realidad hay que comprender que es gente que está dando una pelea por sobrevivir y que quiere trabajar”.
“Apoyo un proyecto del diputado PRO, Gerardo Ingaramo, que legaliza la situación de los cuidacoches. Además habría que poner una tarifa para estacionar, así como horarios y un registro porque si yo dejo el auto y cuando vuelvo está roto alguien tiene que responder por eso”, indicó el legislador.
Otros tres proyectos. El anuncio de Macri incluyó otros tres proyectos a ser enviados a la Legislatura porteña: dotar a la Policía Metropolitana de las polémicas armas eléctricas o Taser; la conformación de un registro de ADN para violadores, entre otros delitos graves; y la habilitación de comisarías para la fuerza porteña.
“Nuestra gente está preocupada, tiene miedo y necesita que nosotros extrememos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr mejorar esa situación”, dijo Macri y pidió a los legisladores “celeridad y urgencia” para el tratamiento de estos temas.
Macri dijo que “necesitamos la mejor tecnología para que tanto la Justicia como las agencias de seguridad puedan combatir el delito, dándonos la tranquilidad que hace falta para llevar a la sociedad adelante”.
“La policía y la Justicia deben proteger a la gente buena”, dijo el jefe de gobierno porteño al finalizar la conferencia de prensa.
En tanto, Macri estuvo acompañado también por el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco; la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; y la diputada nacional Gabriela Michetti. (Télam)
Por Leandro Garbossa
