La Cámara Federal ordenó ayer "la inmediata libertad" de Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero el juez Norberto Oyarbide le fijó una fianza de 4 millones de pesos, lo que podría complicar su pronta salida de la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace 44 días.
Schoklender está acusado de ser el jefe de una banda que desvió millonarias sumas del Estado destinadas a las Madres para la construcción de viviendas sociales.
Al ordenar su liberación, la Cámara le advirtió al juez que la fianza a fijar no debía "significar la implícita denegatoria del derecho que aquí le ha sido reconocido".
Sin embargo, Oyarbide le impuso una fianza de 4 millones de pesos, el mismo monto que le había impuesto a su hermano Pablo, quien sigue detenido pese a haber sido beneficiado la semana pasada con la excarcelación por la magnitud de la cifra solicitada. Además, le impuso dos millones de pesos a Alejandro Gotkin, también beneficiado con la excarcelación.
Pablo y el contador Gotkin (presidente de Meldorek, una empresa clave en el supuesto desvío de dinero) están sospechados de organizar la banda que encabezaba Sergio y siguen presos porque aún no pudieron pagar esas sumas.
Ambos solicitaron una reducción de esos montos a la Cámara, que se encuentra estudiando el tema.
No es la primera vez que la Cámara Federal se queja de la forma en que Oyarbide viene manejando la causa: ayer los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero plantearon que no justificó la razón por la cual había resuelto apresar a Schoklender a un año del inicio de las actuaciones, y rechazaron las sospechas de aprietes o robos de documentación.
El tercer juez, Eduardo Farah, se opuso a la excarcelación al señalar que su detención "es necesaria, proporcional y, por ende, razonable".
Pedido de celeridad. El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, también elevó una clara crítica a Oyarbide al reclamarle que "no dilatara más" el avance de la causa, demorada por la complejidad del expediente pero también por "los modos peculiares en que se desarrollan las actuaciones".
En ese marco, instó al juez a llamar a los 67 sospechosos que él reclamó interrogar en diciembre pasado, de los que sólo una veintena fue citada.
Sergio Schoklender está acusado de desviar 280 millones de pesos de los 765 millones que el Estado le dio a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.
Detenido el mismo día que debía declarar por primera vez, Schoklender habló en la causa para rechazar las acusaciones por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y administración fraudulenta y culpó de los desmanejos financieros a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres.
El pasado lunes —al ampliar su indagatoria—, acusó a Hebe de haber ordenado comprar con plata de la entidad un departamento y una casa en La Plata para su hija, Alejandra Bonafini, también imputada en como supuesta miembro de la asociación ilícita que se apoderó del dinero. Al mismo tiempo, acusó a Oyarbide y a Di Lello de "destruirme a cualquier precio y garantizar la impunidad de la señora Bonafini y su hija".
Oyarbide dispuso mantener preso a Schoklender argumentando que empleados de la Fundación Madres del Chaco, donde se construyeron viviendas, referían supuestos aprietes del imputado antes de declarar.
La Cámara rechazó esos argumentos sosteniendo que ningún testigo "declaró haber sido objeto de amenaza o coacción respecto del testimonio prestado en esa pesquisa", mientras que sólo apuntaron por "amenazas" y "malos tratos" a los encargados del obrador chaqueño, pero no a Schoklender.
Los camaristas tampoco vieron que en libertad Schoklender pueda entorpecer las medidas de prueba pendiente porque se trata de "estudios periciales sobre documentación que ya obra en poder del tribunal".
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Por Florencia O’Keeffe
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