Las investigaciones de la ruta del delito económico que sustenta la actividad del narcotráfico en la zona bonaerense del municipio de Tigre, Benavídez, Talar de Pacheco y Nordelta empezaron a tener derivaciones judiciales de relevancia. En el marco de la causa madre, que se inició con la extradición a Estados Unidos del capo narco y jefe de la banda, Ignacio Alvarez Meyendorff, serán llevados a juicio más de una decena de ciudadanos argentinos y colombianos acusados de armar esquemas financieros y de inversión para blanquear dólares derivados del tráfico de estupefacientes. Según datos a los que accedió el diario Tiempo Argentino, esta banda delictiva lavó dinero en el país por más de 900 millones de pesos, que se deducen de los bienes incautados o decomisados en el marco de las investigaciones.
Por primera vez desde que en 2005 se iniciaron las pesquisas federales en torno a estos delitos en la zona del Delta, llegará a los Tribunales una megabanda de civiles involucrada en negociados millonarios. Organismos que son parte de la investigación, como la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron al Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Alberto Santamarina, que se eleve a juicio oral a los acusados en la causa "García Rivera Jaime E. y otros s/ presunta infracción ley Nº 23.737".
En dicha investigación se comprobó que los activos utilizados en el país por los involucrados provenían de la exportación de cocaína a los Estados Unidos entre 2004 y 2011. Hasta el momento, Alvarez Meyendorff —capo del cartel del Norte del Valle, en Colombia— había sido extraditado al país del norte por un pedido oficial de Estados Unidos a la cancillería argentina; a la vez que casi todos los procesados netamente por lavado de activos permanecían en libertad o con prisión preventiva aunque con embargo de bienes. Sin embargo ahora 12 procesados irán a juicio por lavado de dinero, y otros 22 harán lo propio considerados autores o coautores del delito de tráfico de drogas.
García Fernández era la contadora que llevó adelante el proceso de constitución y puesta en funcionamiento de diversas sociedades pantallas, incluyendo la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal.
La nota periodística develó la trama del dinero narco en Tigre vinculado a otra causa importante, la 10.801, que se cursa en el mismo juzgado y que va detrás de la otra gran banda de narcos del Delta, la encabeza por el capo colombiano Antonio Yépez Gaviria.
En el caso relatado, los imputados que se busca que vayan a juicio son los arquitectos económicos y financieros de la causa que inició esa historia, y que trabajan para el otro gran capo colombiano que operaba en el Delta, Alvarez Meyendorff. La magnitud de esta banda de la que se darán detalles de penas, delitos y operaciones con sociedades fantasma, se mide con el nivel aproximado de activos lavados en el país por medio de propiedades, empresas varias y autos de lujo. De acuerdo a datos oficiales, en los registros de la UIF hubo en la causa Meyendorff decomisos e inhibiciones de bienes por 920 millones de pesos. Para tener una idea de la magnitud de ese dinero, alcanza con ver el resto de las causas de lavado: en todo el país y sin contar la causa Meyendorff, la UIF trabó bienes por un total 700 millones, 250 millones de los cuales correspondieron a lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Es decir, la causa Meyendorff triplica los volúmenes de todo el resto de las causas.
"Conforme ha quedado acreditado a través de los distintos elementos de prueba reunidos en la causa (documentación y estupefacientes secuestrados en allanamientos, pedidos de extradición internacionales, escuchas telefónicas, informes patrimoniales, tareas de inteligencia, etc.), los imputados relacionados con los delitos previstos en la ley 23.737, comenzaron a diagramar operaciones de ingreso al país de sustancia estupefaciente desde Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros países, coordinando a su vez estas acciones, con otros sujetos que se encontraban en el exterior, principalmente en la República de Colombia, todo ello liderado por Ignacio Alvarez Meyendorff", apunta la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante en la causa. Y agrega que luego, por mecanismos financieros, lavaban el dinero derivado del tráfico de drogas.
Los 12 imputados de "darle apariencia de licitud a los bienes de origen espurio" serán juzgados por el delito tipificado en el artículo 45 del Código Penal y en el 278, como encubridores o partícipes de lavado de dinero. El pedido de penas va entre los cinco y los diez años de prisión y multas de dos a diez veces los montos de la operación.
De acuerdo a la nota, García Fernández era la contadora que llevó adelante el proceso de constitución y puesta en funcionamiento de diversas sociedades pantallas, incluyendo la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal.
Fredy Alonso Morales Garzón, Mónica Aponte Gallo y Ramiro González Warcalde: todos coautores materiales. Se los busca juzgar por comprometerse en la ejecución de tareas operativas en el funcionamiento cotidiano de las sociedades pantallas y las operaciones económicas y financieras que a través de ella se realizaban.
Perseguidos en Colombia. "El proceso judicial por lavado de activos realizado contra Ignacio Alvarez Meyendorff en Colombia posee una dimensión tal que ha sido merituado como el juicio contra la operación más gigantesca de lavado de activos realizada en dicho país", informó la UIF al juzgado de Santamarina. El organismo afirma que "al investigar los bienes de los hermanos Alvarez Meyendorff y 18 de sus testaferros, se pudo establecer cómo las multimillonarias ganancias con origen en el narcotráfico se lavaron mediante la adquisición de abundantes inmuebles diseminados en toda Colombia, la operatoria de una veintena de sociedades comerciales y la compra de caballos de carrera, entre otras actividades".
En ese orden, la Justicia colombiana dispuso el embargo de activos por un monto superior a 500 millones de dólares y el 5 de mayo de 2013 tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos comerciales vinculados al imputado. Tal es así que "a raíz del caso, la fiscalía colombiana ha señalado que se generó el proceso de extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país", indica el comunicado de agradecimiento enviado a la UIF local por autoridades colombianas.
La UIF utilizó todas estas descripciones para justificar y pedir que "sin duda alguna los mismos deben ser considerados para determinar la procedencia del correspondiente reproche penal en la Justicia local".
Las claves de colombianos y argentinos
Doce ciudadanos de ambas nacionalidades colombianos y argentinos tendrán que dar explicaciones por el supuesto armado de sociedades pantallas que se dedicaban a comprar inmuebles para blanquear el dinero sucio.
Aparentemente trabajaban para el capo Ignacio Alvarez Meyendorff, quien ya fue detenido y extraditado de la Argentina a los Estados Unidos.
Se calcula que lavaron dinero por más de 900 millones de pesos.
La Justicia también investiga a otros 22 acusados para que sean juzgados por narcotráfico.
La actividad del lavado de dinero se desarrollaba en la zona bonaerense del municipio de Tigre, Benavidez, Talar de Pacheco y Nordelta.
700 millones es el monto por el cual la Unidad de Investigación Financiera trabó embargo sobre los bienes por distintas causas de lavado.
