Cuando el mediodía de ayer las autoridades de la provincia supieron que el narcotraficante detenido en una vivienda de Funes en la que funcionaba una cocina de cocaína era Delfín David Zacarías, se dieron cuenta de que la investigación que llevaban adelante los funcionarios de la Secretaría de Delitos Complejos estaba en el buen camino. Es que ese hombre de 48 años, afincado en Granadero Baigorria y que supo purgar una condena por comercialización de estupefacientes en la cárcel de Coronda, estaba bajo la mira del gobierno de Antonio Bonfatti por su exponencial crecimiento patrimonial de los últimos años, algo que no se correspondía con sus acciones comerciales o económicas lícitas.
Tal cual lo dio a conocer este diario en su edición del pasado 25 de agosto, la pesquisa en la provincia se inició con la presentación judicial que un ex funcionario de San Lorenzo radicó en el Ministerio de Seguridad que conduce Raúl Lamberto. Desde allí, con mínimos datos, se impulsó el análisis del caso desde la Subsecretaría de Delitos Económicos que está a cargo de Margarita Zabalza.
En esa denuncia se señalaba la existencia de al menos dos obras en construcción de gran magnitud en aquella ciudad del cordón industrial que el denunciante atribuía la hija de Zacarías, una chica de 24 años llamada Flavia que ayer también fue detenida.
El análisis de la envergadura económica del grupo que lideraba Delfín Zacarías, quien no registra actividad económica unipersonal, no paga IVA ni Monotributo, arrojó resultados asombrosos. La familia ostenta un total de 24 vehículos (entre ellos algunos de alta gama) y 40 inmuebles, de los cuales 36 fueron adquiridos entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de diciembre de 2009. Es decir en un año.
Construcciones. En ese sentido, lo primero que se investigó fueron los registros de dos terrenos de la ciudad de San Lorenzo donde se erigen grandes construcciones atribuídas a Flavia Zacarías. Están ubicados en Congreso y Vélez Sarsfield y en pasaje Caviglio y Saavedra, ambas zonas cercanas al río y de importante valuación inmobiliaria. Allí se construyen un imponente gimnasio y una vivienda de primer nivel.
Al mismo tiempo se utilizaron las bases de datos públicas y privadas para definir las actividades comerciales de Zacarías y su estructura parental declaradas ante la Afip y la API. Esas consultas dejaron saber que los familiares del hombre aparecen inscriptos en tres actividades: construcción y servicios vinculados a la construcción, transporte de cargas y transporte de personas en remises y taxis. Todas empresas asentadas en la vecina ciudad de Granadero Baigorria.
El avance de las averiguaciones descubrió que los dos grandes lotes de San Lorenzo mencionados en la denuncia aparecían a nombre de la hija del narco y de un joven de 28 años que figuró como su empleado hasta junio de 2012. Desde entonces pasó a ser dependiente en una empresa constructora en la que Flavia es socia junto a su padre: Top Cranes.
Claro que antes de que esta investigación se conociera públicamente, el Concejo Municipal de San Lorenzo ya se había hecho eco, en 2011, de las sospechas que pesaban sobre algunas operaciones inmobiliarias del grupo.
Así quedó plasmado en una histórica sesión del cuerpo deliberativo del 21 de febrero de ese año, cuando por cuatro votos contra tres, el oficialismo (Frente Progresista Cívico y Social) logró que se aprobara un pedido de excepción para construir un inmueble de un valor varias veces millonario, curiosamente de manos de una empresaria de 21 años cuyas actividades económicas eran desconocidas: Flavia Zacarías.
