En referencia a la carta publicada por Gabriela Díaz sobre cómo se arman los escalafones docentes, quiero expresar lo siguiente: la cuestión en la escuela pública no sólo presenta el inconveniente de la correcta o incorrecta asignación de puntajes sino un aspecto muchísimo más grave, cual es la ignorancia absolutamente voluntaria de algunos directivos de enseñanza media (en lo que me consta, al menos, ya que ese es el ámbito laboral donde me desenvuelvo) encargados y responsables precisamente de su administración según "normativas vigentes". He presentado esta situación en diversos ámbitos oficiales (Amsafé, Defensoría del Pueblo, dirección regional del Ministerio de Educación) y la respuesta es siempre la misma: la denuncia personal, caso por caso. O su traducción: "háganlo ustedes". ¿Acaso un docente debe transformarse en un "vigilante permanente" del cumplimiento de las "normativas" en las escuelas donde trabaja? ¿Y en aquellas donde está inscripto y no trabaja, quién lo hace? ¿Quién tiene que controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes? Omitir el riguroso orden de los escalafones en la asignación de cargos y horas es lisa y llanamente un "robo de puestos de trabajo", léase: un robo en la oportunidad de tener una obra social, jubilación, carrera docente. Un acto delictivo. Situación totalmente naturalizada, perversamente naturalizada, en numerosas escuelas de enseñanza media de la ciudad de Rosario desde siempre. Y este desinterés manifiesto en el control de los escalafones (harto conocido por los docentes, directivos de turno, gremialistas, autoridades ministeriales) transforma la escuela pública en un vulgar "negocio privado", generando "bandas" al interior de las mismas, beneficiarias de todos los privilegios posibles, quedando así expuesto y dependiente nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros sueños y deseos nada menos que a la "moral" del directivo de turno. Moral bastante laxa en estos tiempos que corren, evidentemente. Advertidos ya de esta situación los diversos referentes institucionales, nos queda sólo un camino: la judicialización de estas irregularidades. Pruebas y testimonios sobran. Habrá que iniciarlas, y esperar. Y ya se sabe el horizonte de este camino: lleva tiempo, pero al final, el que pierde paga. De esta forma los referentes respectivos (directivos, supervisores, funcionarios ministeriales) darán cuenta de lo que hicieron y de lo que no hicieron.
