El Vaticano destituyó a 884 curas abusadores en 10 años

El Vaticano investigó en los últimos diez años 3.420 casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niñas, niños y adolescentes y, de ellos, 884 fueron destituidos y apartados, indicó el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi.

Tomasi, que compareció ayer por segundo día ante el Comité de la ONU contra la Tortura, reiteró que si bien la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pedofilia por integrantes del clero cometidos en terceros países, sí tiene competencia para apartar a los sacerdotes culpables si se comprueba que cometieron el delito.

"La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a niños", explicó Tomasi.

Asimismo, precisó que estas acciones se llevan a cabo "sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado", advirtió.

Francisco. En abril, el Papa Francisco expresó su dolor por los abusos contra menores cometidos por miembros de la Iglesia, pidió perdón y aseguró que no se dará un "paso atrás" en el tratamiento y las sanciones de esos casos.

Para enfrentar la situación, instituyó la Comisión para la Protección de los Menores que, el viernes pasado, tras su primera reunión, explicó que trabajará en programas de educación, formación y respuesta ante los abusos.

La Comisión cuenta entre sus miembros con el sacerdote argentino Humberto Miguel Yáñez Molina y la irlandesa Marie Collins, víctima de abusos sexuales por parte de un religioso; la francesa Catherine Bonnet; la psiquiatra británica Sheila Hollins y un profesor de derecho canónico, el italiano Claudio Papale, entre otros.

Tomasi explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso a chicos por parte de un clérigo, el obispo local "tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis", por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que esta dirima al respecto.

Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, "y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical".