Con el rótulo de "provisorio" sobrevolando el expediente, el policía José Alberto Alegre estará preso por los próximos tres meses mientras avance la investigación del hecho en el cual asesinó de un disparo de ametralladora FMK3 a Nicolás Cano al intervenir en un violento incidente familiar ocurrido la madrugada del sábado en Empalme Graneros. Sin responder preguntas, el efectivo brindó un descargo por el cual lamentó la muerte del joven de 26 años y lo adjudicó a un accidente motivado por una amenaza de la víctima que derivó en un forcejeo fatal. Por el otro lado, el fiscal Adrián Spelta esgrimió una versión distinta basada en cuatro testigos que aseguraron el homicida apuntó y tiró a matar, testimonios que encontró reforzados por el resultado de la autopsia que a su entender no coinciden con lo que debería haber sido un forcejeo.
En ese contexto, en el cual se alegó como un despropósito que la fuerza policial porte ametralladoras FMK3 y se remarcó que el homicida llevaba 21 horas corridas de servicio, la jueza Silvana Lamas admitió la teoría fiscal que hasta el momento encuadra al crimen como doloso. Sin embargo, teniendo en cuenta que las medidas pendientes —especialmente la toma de más testimonios sobre un hecho presenciado por mucha gente— podrían torcer la teoría inicial no otorgó la prisión preventiva por el plazo legal de hasta dos años solicitado por Spelta sino por 90 días.
Tragedia absurda
Más allá de las circunstancias vertiginosas que habilita versiones contradictorias sobre lo sucedido el sábado en Campbell al 600 bis, no hay dudas acerca de que el efectivo de la Policía Comunitaria mató a Nicolás de una manera absurda que dice mucho sobre la violencia que está devorando la ciudad más allá de la criminalidad imperante. El efectivo había llegado al lugar con un compañero a instancias de un llamado al 911 que pedía asistencia ante la violación de una prohibición de acercamiento.
Había sido la madre de Nicolás quien llamó a la policía ante la violenta llegada de su ex marido, el padre del muchacho, que estaba borracho y se estaba trenzando en una pelea con su hijo. “Mi marido vino a hacer problemas, vengan que no quiero que pase nada malo”, rogó la mujer. “Es imposible separarlos”, se escuchó en otra llamada. “Un pibe re drogado le está pegando al padre y a la madre”, dijo otro vecino al 911 antes de que la madre del chico hiciera un cuarto llamado: “La policía vino y mató a mi hijo”.
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Con la presencia policial explicada, lo que sucedió durante su intervención en el trágico episodio tuvo en la audiencia imputativa de ayer dos relatos. Spelta se basó en cuatro de los "muchos testigos que por cuestiones de tiempo todavía no pudieron ser entrevistados”. En esa versión no hay dudas: Alegre apuntó y tiró a matar.
“Escuché gritos y salí a ver qué pasaba. Llega la policía bajan del móvil y se quedan parados. Entonces el agente más alto (en alusión al compañero del imputado) separa al padre que se estaba peleando con el hijo. Y el otro levanta una ametralladora y le tiró”, narró una vecina sobre lo que vio antes de subir a Nicolás a su auto y llevarlo al hospital donde el joven moriría casi 20 horas después.
Un familiar comentó que Nicolás ya se había peleado con el padre y se había alejado de la casa, pero volvió cuando llegó la policía al lugar. Y entonces se reactivó la pelea. En ese marco, vio que un policía (por Alegre) hizo un movimiento de brazos y sonó un disparo tras el cual el joven quedó tendido en el suelo y el policía “en estado de shock”.
“Cuando llega la policía me entrevistaron y les mostré la prohibición de acercamiento. Pero enseguida el alto (el compañero de Alegre) se puso a hablar con el padre y el otro con Nicolás. Este hace un movimiento con las manos y se escucha una explosión. «¿Qué hiciste?», le dije”, declaró la madre de Cano. Incluso un testigo que dijo haber visto a Nicolás gritarle a Alegre sostuvo la versión de la ejecución: “Levantó el arma y le disparó como a un metro de distancia”.
Sobre la base de esos testimonios y el resultado de la autopsia que no avalaría la versión del forcejeo, el fiscal encuadró el crimen como un “homicidio doloso simple agravado por el uso de arma de fuego”.
Lamento
“Lamento el fallecimiento del muchacho”, comenzó su descargo Alegre antes de afirmar que vivió “otra cosa” que lo relatado por Spelta. Comenzó su reseña afirmando que ese día estaba trabajando desde las 4 de la mañana del viernes en una serie de allanamientos. Y que cuando llegaron a Campbell al 600 bis alcanzaron a entrevistar a una mujer —la madre de Nicolás— pero enseguida debieron intervenir porque había un hombre insultando a vecinos y a los propios policías. El uniformado dijo que ante esa situación decidió ir hasta la camioneta policial a buscar la ametralladora para preservarla y la colgó de la correa de su chaleco.
“Cuando el hombre (por el padre de Cano) vio que nosotros podíamos llevarlo a la comisaría tomó una bicicleta para irse. Entonces apareció otro hombre (era Nicolás) con el torso desnudo y ambos comenzaron a agredirse. Cuando vamos a separarlos el joven se abalanza sobre mí y me dice «a vos también te voy a dar, vigilante» y empezamos a forcejear. Yo quise preservar las dos armas (la FMK3 y su pistola reglamentaria 9 milímetros) y sale una detonación. Veo que el chico cae y me empiezan a pegar. Retrocedo y me pongo junto a la camioneta. Subimos con mi compañero (que resultó herido en la frente) y nos empezaron a tirar piedras, dos ventanas estallaron”, narró el acusado sobre lo que afirmó haber sido un accidente.
Alegre prefirió acogerse al derecho de no responder preguntas del fiscal, quien replicó su versión esgrimiendo los testimonios con los que contaba. “Hay cuatro personas que no vieron forcejeo sino que hablan de que levantó el arma y le apuntó”, sostuvo Spelta, y remarcó que esos dichos “fueron todos espontáneos e instantáneos”. Además cargó contra el policía que “fue a buscar la FMK al móvil sin evaluar el riesgo de que sucediera lo que pasó”.
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Párrafo aparte, el fiscal cuestionó duramente que la policía de la provincia porte armas como esas ametralladoras que, afirmó, algunos peritos describen como traicioneras. “No aportan nada a la función de irrupción y mucho menos a la prevención; deberían ser retiradas de circulación”, evaluó, y cuestionó “órdenes policiales que habilitan a los efectivos a portar armas con una bala en la recámara” en alusión a una resolución del entonces jefe de la policía provincial Víctor Sarnaglia en enero de 2020.
"Claramente accidental"
A su turno el defensor Mauro Tolotti rechazó la teoría del fiscal, reforzó su idea del disparo “claramente accidental” que encuadraría el homicidio como “culposo” y deslizó cuestionamientos sobre las condiciones en las que los policías realizan su labor.
También alegó que los testimonios que hoy apuntalan una escena de ejecución podrían variar si se profundizaran las entrevistas, con lo cual pintó un escenario en la que la versión de su defendido podría llegar a demostrarse. En ese sentido se opuso al pedido de prisión preventiva por dos años y ofreció medidas alternativas.
Finalmente, enfatizando en lo provisorio de la calificación del homicidio, la jueza se aferró a los elementos con los cuales la investigación cuenta hasta ahora: básicamente, testimonios y pruebas objetivas que colocan al policía apuntando y disparando contra Nicolás.
Lamas también se refirió a las circunstancias que rodean el hecho alegadas por la defensa, la obligación de custodiar armas en situaciones de violencia extrema luego de más de 20 horas de estar trabajando, pero aclaró: “Hubo un daño altísimo, Nicolás no estará nunca más entre nosotros”.
Sobre esa base, y ante lo que mencionó como una posibilidad de configurar en el futuro un homicidio con dolo eventual hoy sin evidencias que la respalden, consideró excesiva la medida cautelar por dos años. Así, dictó la prisión preventiva para el policía por 90 días hasta el próximo 27 de marzo.
