El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, relativizó los índices de violencia que se registran en la Argentina. Aseguró que la inseguridad no es mayor a la que había en 2001 o en 2002. Si, como Capitanich reiteró, la inseguridad se resuelve entre todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, más que ninguno de los otros poderes, debe resolver este grave problema que aqueja a nuestra sociedad, en lugar de descargar la competencia a las provincias. Ahora es crónico el problema. Después del asesinato de Axel Blumberg, en abril de 2004, no fue reconocida como problema sino hasta diciembre de 2010. Recuerden los sucesos del Indoamericano. A partir de ahí, se designó a Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad. También en ese momento trataron de trasladar la responsabilidad a los gobernadores. Uno de los problemas que más afectan a los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades, es la inseguridad. Esta inseguridad es el resultado de una serie de hechos inherentes a la intervención del Estado en las vidas de las personas. Más aún, tengo la sospecha de que a muchos gobernantes les convienen los altos niveles de inseguridad para mantener a la población distraída ante otros problemas de mayor gravedad política; inflación, corrupción, narcotráfico. Por eso relativizan los índices de inseguridad. En este contexto, debo decir, que todo esto deriva en políticas de leyes de flexibilidad en el tratamiento de los delincuentes, en nombre de los denominados “derechos humanos”. En tal sentido, debe recordarse que para vivir en una sociedad civilizada, aquellos que atentan contra los derechos humanos de otros individuos, deben perder los propios. Así, quien roba pierde su libertad por un tiempo; quien hiere o mata, el tiempo será más largo. Tratar con consideración a este tipo de individuos no hace más que fomentar la delincuencia y, si bien reconozco que un castigo severo posiblemente no los mejore, al menos los sacará de circulación por un tiempo. Quienes, como muchos “garantistas”, echan la culpa de la delincuencia a la sociedad, deberían preguntarse por qué, viviendo en esas mismas condiciones, el resto de la ciudadanía permanece honesta. Quien delinque debe hacerse responsable por sus actos. Sin duda, la pobreza fomenta la delincuencia y, por ello, es de esperar que la disminución de ésta también resulte en una disminución de la criminalidad.
