La investigación por el crimen de Candela Rodríguez, la nena secuestrada y asesinada en agosto pasado en el partido bonaerense de Hurlingham, quedó ayer literalmente en la nada, porque la Cámara Penal de Morón anuló el expediente, ordenó cambiar del juez y liberó a todos los involucrados en el hecho.
La resolución fue tomada por la Sala III de la Cámara, que les dio la razón a las defensas a la hora de cuestionar la forma de llevar el expediente y dejó todo a "foja cero" para volver a interrogar a los sospechosos y determinar si pueden ser procesados.
Además, se dispuso investigar la labor del fiscal Marcelo Tavolaro y separar del expediente al juez Alfredo Meade.
Mientras resolvía que ahora el caso sea investigado por el juez Gustavo Robles, los últimos dos imputados que quedaban tras las rejas esperaban ser liberados, en medio de trámites judiciales y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Se trata de Hugo Bermúdez, sindicado como el sujeto que habría estrangulado a la nena mientras estaba en cautiverio porque "se le fue la mano" -según dijo un testigo de identidad reservada-, y de Héctor "El Topo" Moreyra, señalado como el responsable de haber planeado el secuestro en el marco de una venganza "poco convencional" contra su padre por negocios ilícitos. Alfredo Rodríguez, el padre de Candela, está preso en la cárcel bonaerense de Magdalena, donde cumple una condena por piratería del asfalto.
El caso. Candela desapareció el 22 de agosto pasado en la esquina de su casa de la localidad bonaerense de Villa Tesei (partido de Hurlingham) y su cadáver fue encontrado a la vera de la autopista del Oeste, en jurisdicción de ese partido, la tarde del 31 de agosto, a 35 cuadras de su casa.
Carola Labrador, la madre de la niña que durante días había peregrinado ante los medios de comunicación pidiéndole a los secuestradores que se la devolvieran, reconoció el cadáver junto al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, en un golpón abandonado donde hay un basural, en la autopista del Oeste, a 500 metros del cruce con la avenida Vergara.
Según se determinó, si bien la niña estuvo bien cuidada durante gran parte de su cautiverio, se sabe que fue asfixiada en la noche del 29 de agosto y la autopsia determinó que poco antes habría sido abusada sexualmente.
La hipótesis del fiscal. La hipótesis de la Fiscalía planteaba que Moreira fue el cerebro del secuestro y que se valió de algunas personas de la zona para poder cumplir el operativo: en esa lista aparecían Bermúdez; Leo Jara, quien según la pesquisa se habría acercado a la niña para engañarla; Alberto Espíndola, Fabián Gómez y Guillermo López, quienes según esa investigación habrían prestado colaboración durante el cautiverio.
También fueron procesados la depiladora Gladys Cabrera, dueña de la casa donde habría estado la niña, y el carpintero Néstor Altamirano, en cuya vivienda también se sospecha que la chica habría permanecido cautiva. Sin embargo, ya en febrero la Cámara Penal resolvió liberar a varios de los detenidos con la morigeración de la pena (la depiladora primero, luego Espíndola y Gómez, y López después) mientras que, en una estrategia defensista separada, Altamirano obtuvo la prisión domiciliaria.
La voz de Jara. En las últimas horas una pericia de voz confirmó que Leo Jara había sido el autor de la llamada que se hizo a la casa de la madre de Candela cuando la nena estaba desaparecida, diciéndole que le preguntara al marido dónde estaba la plata y le avisaba que nunca la volverían a ver con vida.
Ahora, a partir del fallo de la Sala III de la Cámara de Morón dictado ayer, todo el andamiaje judicial construido en la causa se ha derrumbado y queda en la mira la forma en que llevaron adelante la investigación los policías bonaerenses, en medio de un caso que salpica la piratería del asfalto y el narcotráfico.
Los abogados no pueden avizorar cómo podrá rearmarse la investigación.
Para Matías Morla, el abogado de Néstor Altamirano, la resolución demuestra que el homicidio "está pésimamente investigado" por el fiscal Tavolaro y el juez Meade, y señaló: "Este (proceso) es un escándalo: se juntó prueba, se juntó gente inocente".
Alberto Domínguez, defensor de Espíndola, consideró que la actuación judicial fue "un mamarracho" y señaló que "se ordenó la libertad de todos los encausados merced a la desprolija investigación que se armó".
Por su parte, José Luis Ferrari, abogado de Bermúdez, aseguró que en este caso "se tejió una historia construida mediáticamente para defender a los verdaderos asesinos" que, dijo, "nos miraron a todos por televisión".
Candela "había sido abusada (sexualmente) con anterioridad y en el seno de su familia", insistió el letrado al comentar las acusaciones de supuesta violación que se levantaban contra Bermúdez.
"Será difícil que hoy podamos dar una respuesta a la madre de la niña, que quiere saber quién la mató, por todo el tiempo que ha transcurrido" desde el hecho, dijo.
