Leonardo Roberto Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, fue condenado además a pagar una multa superior a los $118 millones. La investigación tuvo capítulos clave en barrio Ludueña y en Puerto Gaboto, donde se hallaron casi 30 kilos de cocaína.
Leonardo Roberto Airaldi, productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, fue condenado a 12 años de prisión como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas que operó entre 2019 y 2024 en Entre Ríos. El Tribunal Oral Federal de Paraná también le impuso una multa superior a los 118 millones de pesos al considerarlo responsable de organizar, proveer y financiar las maniobras de narcotráfico.
La causa que terminó con Airaldi condenado tiene dos capítulos determinantes en Santa Fe. El primero ocurrió en Rosario, donde fue detenido en julio de 2022 durante un procedimiento de Gendarmería en barrio Ludueña. El segundo se produjo apenas un mes después en Puerto Gaboto, cuando una denuncia por amenazas terminó derivando en el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína.
A partir de esos episodios y de otras medidas investigativas, la pesquisa avanzó sobre una estructura que, según la acusación, movía estupefacientes por vías terrestre, fluvial y aérea y tenía parte de su logística asentada en campos vinculados al productor rural.
Airaldi había quedado por primera vez bajo la lupa de la Justicia federal durante la madrugada del 23 de julio de 2022.
Ese día, alrededor de las 3.20, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok en Gorriti y Teniente Agneta, en barrio Ludueña. En el vehículo viajaban dos hombres y dos mujeres.
Durante la requisa, los gendarmes encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros —una Browning y una Glock—, once cargadores y 196 municiones de tres calibres diferentes.
También secuestraron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los detenidos era Airaldi.
Aquel procedimiento terminó incorporándose a una investigación de mayor alcance que poco después tendría un giro decisivo en Puerto Gaboto.
En agosto de 2022, una denuncia por amenazas con arma contra una vecina de Puerto Gaboto llevó a los investigadores hasta la vivienda del puestero de un campo cercano al lugar donde se había producido el incidente.
En esa casa encontraron 28 panes de cocaína, con un peso cercano a los 30 kilos.
El secuestro modificó por completo la dimensión de la investigación. Desde Puerto Gaboto, los investigadores remontaron unos 150 kilómetros aguas arriba y comenzaron a reconstruir los movimientos y contactos de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
La pesquisa terminó ubicando a Airaldi en el centro de la estructura.
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Según la hipótesis que sostuvo la Fiscalía durante el juicio, el productor rural organizaba y financiaba las operaciones, distribuía tareas entre los integrantes y administraba los recursos económicos y logísticos necesarios para comprar, trasladar y comercializar la droga.
Las maniobras investigadas se desarrollaron entre junio de 2019 y marzo de 2024, principalmente en las ciudades entrerrianas de Paraná y Diamante, y tenían como uno de sus puntos de apoyo establecimientos rurales vinculados al acusado.
Las distintas investigaciones terminaron confluyendo en un único juicio contra Airaldi —detenido nuevamente a mediados de 2024— y otras ocho personas.
El debate comenzó el 3 de marzo en Paraná y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello.
La acusación fue impulsada por los fiscales José Ignacio Candioti, Martín Uriona, coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Juan Podhainy.
Los fiscales habían solicitado una pena de 14 años de prisión para Airaldi por considerarlo responsable de organizar y financiar las maniobras de narcotráfico.
Finalmente, el tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y una multa superior a los 118 millones de pesos.
El veredicto alcanzó además a otros seis imputados, mientras que dos personas fueron absueltas.
Juan Erbes fue condenado a seis años de prisión y una multa de 11 millones de pesos. Sebastián Armocida recibió seis años de cárcel y una sanción económica de 10 millones.
Roberto Coronel fue condenado a cinco años de prisión y una multa de siete millones de pesos. Joel Shonfeld, considerado partícipe secundario, recibió tres años de cárcel y una multa de cinco millones.
María Soledad Touzet fue condenada como partícipe secundaria a tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de tres millones de pesos.
Walter Gonzalo Olivero también recibió tres años de prisión condicional y una multa de tres millones de pesos. El tribunal dispuso su inmediata libertad y ordenó retirarle la tobillera electrónica.
En cambio, Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez fueron absueltos de las acusaciones formuladas en su contra.
Antes de conocerse el veredicto, la abogada defensora Mariana Barbitta había cuestionado la prueba reunida contra el exdirigente ruralista y anticipado que esperaba una absolución. “Estamos esperando la absolución de Leonardo Airaldi”, había señalado.
Tras la decisión del tribunal, la defensora dejó planteado que recurrirá el fallo una vez que se conozcan sus fundamentos. “Ya lo charlamos con Leonardo Airaldi y él está de acuerdo que, cuando lleguen los fundamentos, vamos a presentar un recurso de casación”, afirmó.
La presentación fue efectuada por el Ministerio de Ambiente provincial a partir de la difusión del contenido por parte de una organización ambientalista
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