El pasado 30 de abril, me encontraba al aguardo de ser atendido en un local de una conocida cadena de farmacias del microcentro de Rosario. En los escasos minutos que duró mi espera, pude observar dos hechos que me alarmaron profundamente. En el primero de ellos, una de las empleadas recomendaba/prescribía a una joven mujer embarazada Ciriax ® (Ciprofloxacina comprimidos) para un cuadro de una aparente infección urinaria. En el segundo de los casos, otra empleada entregaba una caja de Lorazepam (ansiolítico derivado de las benzodiacepinas) a un hombre que no portaba la receta por duplicado correspondiente. Debo decir que la empleada le solicitó la prescripción, pero el cliente le dijo: "Después te la traigo, siempre me la dan igual…". Ante estas dos situaciones, intervine, en el primero de los casos impidiendo que se produjera la venta de una medicación con conocidos efectos teratogénicos (dañinos) sobre el feto (tanto es así que se recomienda no utilizar dicha droga hasta alcanzar al menos los 18 años de edad). Aclaro que soy médico con 17 años de ejercicio de esta profesión. En la segunda situación, pedí hablar con la profesional farmacéutica a cargo del establecimiento, a lo que se me respondió que sólo contaban con la "encargada". A esta señorita, que obviamente no contaba con título profesional habilitante, efectué los reclamos por estas dos situaciones, a lo que se me respondió con desparpajo: "Todas las farmacias lo hacen, si no lo compran acá, lo compran a la vuelta …". Estos hechos, de supina gravedad, no deberían repetirse. Entiendo que tanto desde el Estado como desde las instituciones colegiadas a tal efecto, debería ejercerse un severo control sobre el ejercicio de una práctica de salud, que no debe circunscribirse a un mero acto comercial.
