Un tribunal en Brasil condenó a 25 policías a 624 años de cárcel cada uno por el asesinato de 52 presos durante la matanza en la cárcel de Carandirú de San Pablo, ocurrida el 2 de octubre de 1992, en la que murieron 111 presos. La sentencia se refiere a la segunda parte del proceso, que fue dividido en cuatro etapas. El dictamen fue anunciado a las 4.30 de ayer por el juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo.
La masacre de Carandirú es considerada como la violación de derechos humanos más grande conocida en la historia de Brasil.
La decisión judicial anunciada a 21 años de la matanza permite a los condenados apelar la sentencia en libertad, según explica en su sitio el Tribunal de Justicia de San Pablo.
Los policías fueron hallados culpables de disparar a los internos en sus celdas y en los pasillos del presidio.
El motín comenzó por una pelea entre bandas rivales de presos y la violencia pronto se desencadenó por todo el centro penitenciario, que tenía capacidad inicial para albergar 4.000 reclusos pero en realidad tenía casi 8.000.
El alzamiento duró durante casi tres horas hasta que más de 300 agentes policiales ingresaron a las instalaciones, acribillaron a más de un centenar de reos en unos 30 minutos. Las autopsias mostraban que cada uno de los muertos había recibido descargas de hasta cinco balas. Ningún policía murió en el incidente.
La cárcel fue destruida 10 años después de la matanza y ahora hay un parque en ese lugar.
Cerca de 80 agentes de policía enfrentan cargos. En la primera etapa del proceso, otros 23 policías fueron condenados en abril a la pena mínima por 13 asesinatos, sumando un total de 156 años de pena para cada uno.
La masacre fue el episodio más sangriento ocurrido en una cárcel brasileña. Carandirú era entonces la mayor cárcel del país.
La operación policial de Carandirú fue comandada por el fallecido coronel Ubiratán Guimarâes, que fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel por uso excesivo de la fuerza cuando les ordenó a los agentes que aplacaran el motín de presos. Pero un tribunal de apelaciones revirtió la condena en febrero del 2006 ante el alegato de Guimarâes de que sólo cumplía órdenes. Siete meses después, Guimarƒes fue hallado muerto en su departamento de San Pablo de un disparo en el pecho. Su novia fue juzgada por delito de homicidio el año pasado y fue absuelta.
Los últimos cinco días del proceso fueron marcados por jornadas de 12 horas de argumentaciones por parte de la defensa y la acusación, así como la presentación de videos y declaraciones de testigos, entre ellos dos presos sobrevivientes.
Sólo cinco de los 23 acusados presentes en el juicio optaron por declarar, los otros permanecieron en silencio.
Demora. La demora en el proceso fue atribuida por el Tribunal de Justicia de San Pablo a conflictos de competencia entre instituciones judiciales militares y comunes, así como a los numerosos recursos presentados por la defensa.
Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que los largos años de espera por una condena favorecen una cultura de impunidad en el país.
El retraso "por sí solo representa la violación de un derecho fundamental constitucional garantizado en Brasil, la «duración razonable del proceso y medios que aseguren la celeridad de su tramitación»", señaló María Laura Carineu, representante de Human Rights Watch en Brasil.
Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, apuntó como una consecuencia "peligrosa y directa" de la lentitud del proceso el hecho de que gran parte de los acusados hayan permanecido activos en la policía durante tanto tiempo tras la matanza.
Cerca de un tercio de los agentes acusados continúa sirviendo en la policía, según datos presentados por la defensa.
Consecuencias actuales. La masacre arrastra consecuencias hasta la actualidad, según analistas. En declaraciones a BBC Brasil, varios expertos coincidieron en que la matanza fue un episodio decisivo para la fundación de una facción criminal que actúa dentro y fuera del sistema carcelario de San Pablo, el llamado Primer Comando de la Capital o PCC.
"Antes de la masacre, el Estado ya extorsionaba, torturaba y mataba a los presos. Carandirú no fue la única causa de la fundación del PCC, pero colaboró mucho para que eso ocurriera", dijo el sacerdote Valdir Joâo Silveira, coordinador nacional de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en Brasil.
El PCC fue creado por un grupo de presos el 31 de agosto de 1993 en la Casa de Custódia de Taubaté poco menos de un año después de la masacre en Carandirú. Los principales objetivos de la facción eran combatir los malos tratos en el sistema penitenciario y evitar nuevas masacres como la de 1992, según el periodista Josmar Jozino, autor de tres libros sobre el PCC, entre ellos, "Xeque mete, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas" (Jaque mate, el Tribunal del Crimen y los letales Boinas Negras).
De acuerdo a Jozino y Silveira el grupo criminal se extendió por todo el sistema carcelario e impuso reglas de conducta a los presos, como la prohibición del uso de crack y de asesinatos motivados por deudas de drogas. Estas acciones habrían disminuido los índices de mortalidad en las prisiones.
El episodio de Carandirú fue el más sangriento ocurrido en una cárcel brasileña por lo que motivó la película "Carandirú", del director argentino Héctor Babenco (proyectada por la acusación durante el juicio), y generó libros como "Estación Carandirú" y "Carceleros", de Drauzio Varella, quien trabajó en el centro de reclusión durante una década.
El presidio, insalubre y abarrotado, era considerado por las organizaciones humanitarias como el mejor ejemplo de las deficiencias del sistema penitenciario brasileño.
La policía disparó sin discriminar
La masacre de Carandirú fue causada por un motín de presos en el pabellón 6 de la penitenciaría paulista. El conteo de víctimas fue de 111: 102 por disparos hechos por los policías y 9 por apuñalamientos infligidos entre reclusos antes de que la policía reprimiera. Los sobrevivientes afirman que la policía también disparó a los reclusos que ya se habían rendido y a los que intentaban esconderse dentro de sus celdas, por lo que se cree que hubo una mayor cantidad de víctimas.
La vocera del gobierno señaló que bajaron "muchísimo" las incidencias y le respondió al abogado de una familia que se niega a abonar 6 millones de pesos
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Por Juan Iturrez