Veintiuno de los de los 28 acusados por el choque ferroviario de la estación porteña de Once fueron condenados ayer a penas de entre nueve y tres años de prisión, en un tiempo récord de tres años y diez meses desde el accidente que el 22 de febrero del 2012 causó la muerte de 51 personas, además de un bebé en gestación, y heridas a otras 789.
Las mayores penas las recibieron el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y el ex secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi, a quienes el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Buenos Aires aplicó condenas de nueve y ocho años de prisión, respectivamente.
Ambos fueron encontrados responsables penales de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del Ferrocarril Sarmiento.
Si bien los fundamentos de las condenas serán dados recién dentro de tres meses, el tribunal dio por probado que existió una relación causa efecto entre ambos hechos, los que desembocó en la fatal colisión contra el andén 2 de la terminal de la línea Sarmiento.
También fue condenado a seis años de prisión el anterior secretario del área, Ricardo Jaime, a quien el tribunal aplicó una pena unificada con dos condenas anteriores pero sólo lo consideró responsable por el mal uso de los subsidio que pagaba el Estado a la prestataria y no por el estrago culposo.
Las condenas a los principales funcionarios y ex empresarios de la concesionaria sorprendieron por la escala penal alta, ya que aún cuando sean ajustadas en las apelaciones, seguramente los llevarán al cumplimiento efectivo de las penas.
El maquinista Marcos Córdoba, para quien dos de las querellas habían pedido la absolución, recibió una condena de tres años y seis meses, con siete de inhabilitación para conducir, ya que se dio por probado que no frenó a tiempo para impedir la embestida de la formación contra los paragolpes del andén.
Los familiares de las víctimas que colmaron la sala de audiencias y la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se instaló una gran pantalla, recibieron el fallo con satisfacción.
Si bien la condenas aplicadas fueron levemente inferiores a las pedidas por los fiscales, y sensiblemente menores a las que demandaban dos de las cuatro querellas, el fallo se dio en un tiempo razonable.
El juicio se inició hace 21 meses y a apenas dos años después del choque, lo que marca una gran celeridad frente a las demoras de más de una década que suelen insumir la causas penales en el fuero federal, adjudicable a la presión social por encontrar responsables.
El tribunal prohibió la salida del país de los condenados pese a que ninguno quedó detenido ya que llegaron en libertad al juicio.
Una de las resoluciones del TOF2 destacó que las condenas serán de cumplimiento real y que se harán efectivas una vez que queden firmes, luego de las previsibles apelaciones ante la Cámara federal de Casación Penal, primero, y la Corte Suprema de Justicia luego.
La mayoría de los empresarios vinculados a la ex concesionaria y los ex funcionarios fueron condenados con penas de entre ocho y cinco años de prisión por los delitos de defraudación al Estado y estrago culposo.
Ademas, el TOF2 ordenó extraer testimonios para que se abra una causa para investigar la supuesta responsabilidad del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la comisión del delito de defraudación al Estado, ya que era el máximo responsable político por el pago de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al control de las formaciones.
Los fundamentos de la condena serán dados a conocer luego de la feria judicial, el 30 de marzo próximo, lo que abrirá el proceso de apelaciones.
Se convalidó una de las sentencias ambientales más importantes de la Argentina, un antecedente que influirá en conflictos similares de todo el país
