La organización criminal que Roberto “Pimpi” Caminos comandara desde el barrio Municipal de Alice y Lamadrid, consolidada en sus años al frente de la barra brava de Newell’s entre 2003 y 2008, se reformuló a partir de su asesinato en marzo de 2010. Hacia 2015, y liderada por uno de sus hijos, Alexis Caminos, comenzó a ejercer un control territorial del barrio para manejar la venta de drogas. El control se basaba en amenazas a vecinos y una sistemática usurpación de viviendas para mantener la estructura. Las denuncias originaron investigaciones que en octubre de 2018 se tradujeron en 90 allanamientos mediante los cuales el Estado fue a recuperar el control de esa zona del sur rosarino. Para entonces Alexis llevaba dos años preso y fue desde la cárcel que consolidó su papel al frente de la banda.
Penas
Alexis aceptó 20 años de prisión en su condición de jefe de la asociación ilícita, como coautor del crimen de Mariela Miranda y por hechas de amenazas, coacciones y robos a vecinos para usurpar sus viviendas que cometió antes de caer preso por ese crimen. La pena se unificó en 30 años con una condena previa por matar a un familiar cuando era menor de edad.
En el mismo proceso abreviado aceptó su condena uno de sus laderos más importantes: Juan Manuel “Juanchi” Almada, que acordó 15 años de prisión como miembro de la banda, la coautoría del crimen de Miranda y hechos de amenazas, robos y una tentativa de homicidio. La pena se unificó en 25 años con su condena anterior a 20 años por el crimen de Rubén “Tuvi” Segovia, un antiguo socio de los Caminos con quienes compartía pabellón y quienes lo asesinaron en su celda en abril de 2018.
Otro ladero importante de Alexis era su primo Fernando Andrés “Andy” Caminos, que en 2019 había aceptado una condena a 26 años por tres homicidios y una tentativa, a la que sumó siete años y medio por integrar la banda. Su pena se unificó en 27 años y medio.
También acordaron penas importantes Cristian “Camello” Urraco, Mariela Urraco, Emiliano Jesús Sosa y Caren Micaela Caminos. Matías “Jopo” Rodríguez acordó tres años como miembro de la asociación ilícita. Pero al cometer varios de los hechos que le imputaron era menor de edad, lo que podría implicar otras condenas que deberá resolver la Justicia de Menores. Además tiene una causa federal por drogas.
A los otros condenados a tres años de prisión no les probaron, en general, delitos violentos. Se trata de Maximiliano Verón, Micaela Faure, Clara Jaime, Nélida Cayetana Aguirre, Alan Sosa, Antonella Caminos, Karen Bruno, Fidel Antonio “Rengo” Caminos y Ricardo “Petro” Segarra. Matías Caminos aceptó una probation tras comprobarse que era quien menos participaba de las maniobras del clan familiar.
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Una mujer que aún no resolvió su situación pero está libre es Tamara Pamela Maradona, acusada de manejar inmuebles usurpados por la organización. Asimismo, otros imputados como Esteban G., Lucas B., Dalma Magalí A. y Ramón Darío A. fueron desvinculados mientras la investigación avanzaba y no había contra ellos elementos que acreditaran su pertenencia a la banda, más allá de sus vínculos con algunos de los acusado. También fue imputado y luego desvinculado Kevin Duarte, apresado con un arma cuando iba de visita a la cárcel de Coronda. En ese penal, tiempo después, fue uno de los asesinos de Tuvi Segovia.
Terror en el barrio
La investigación contra esta banda de Alexis surgió a partir de conflictos armados y usurpaciones sistemáticas en el Barrio Municipal. Esos hechos pusieron en el radar a los Caminos y sus principales rivales, los Funes. La intención de los herederos de Pimpi de ocupar una casa de los Funes desembocó en una denuncia de la madre de los Funes, Mariela Miranda. El asesinato de ésta en marzo de 2016 y el posterior crimen de un íntimo amigo de Alexis originó un sangriento enfrentamiento en cuyo marco se contaron unos 30 homicidios en un par de años.
Las bandas de los Funes y de los Caminos operaban de manera similar: cometían delitos violentos para asegurar los territorios donde vendían droga al menudeo. Según la investigación ese control de territorio se basaba en usurpar viviendas y robarles a vecinos que de alguna manera resistían el dominio de la banda. Las denuncias coinciden en el uso de golpes, armas de fuego y hasta incendios para obligar a personas a abandonar sus casas, en general de madrugada. Las viviendas usurpadas eran ocupadas por miembros de la banda, se alquilaban o vendían.
Para los investigadores, la hegemonía que la banda desplegaba sobre el barrio lo convertía en “un lugar inexpugnable donde el Estado no podía ingresar”. Un espacio que “los Caminos gobernaban a su antojo” y donde “podían cometer todo tipo de ilícitos y mantener aterrorizados a los vecinos”.
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Eso complicaba las investigaciones ya que no era fácil ubicar a víctimas y testigos en un vecindario amedrentado. Por eso la fiscal O’Connell valoró que las condenas se resolvieran mediante procedimientos abreviados ya que así se evitó la revictimización de las personas que eventualmente habrían ido a declarar (ver aparte, página 22).
Organigrama y relaciones
La investigación consideró probada, a partir de la información obtenida de escuchas telefónicas, pericias y testimonios, que el líder de la organización era Alexis, quien daba las órdenes —incluso desde la cárcel— a varios de los miembros, en su mayoría familiares y amigos cercanos, que ocupaban una segunda línea. Dos de ellos venían de una generación anterior, supieron ser laderos de Pimpi y se encargaban de nuclear a buena parte de los jóvenes vinculados al grupo: “Rengo” Caminos y “Petro” Segarra, ambos de 55 años.
El Rengo, tío de Alexis, era sindicado como una suerte de intermediario entre Alexis y vecinos que resistían su dominio. Y a Petro se le atribuyó un rol importante al guardar armas y bajar al territorio órdenes emanadas de la cárcel. Más allá de sus roles estratégicos, no se le adjudicaron hechos de violencia por lo que sus condenas fueron leves.
Otro destacado de la segunda línea era Andy. De 28 años y primo de Alexis, fue sindicado por testigos como una “mano derecha” de éste al igual que Juanchi Almada. Según la pesquisa, cuando cayó preso en 2017 Andy fue relevado de alguna manera por su hermana Antonela Caminos junto con la ex pareja de ella, Kevin Duarte.
Entre quienes recibieron penas más altas está Camello Urraco, de 26 años, quien se hizo cargo de cinco hechos violentos como amenazas a mano armada para obligar a vecinos a que abandonen sus viviendas para usurparlas. También en la segunda línea estaba su hermana Mariela, parte del círculo de confianza de Alexis. La mujer de 41 años comunicaba al territorio las órdenes que recibía en visitas a la cárcel. También manejaba dinero, colaboraba o aconsejaba. En ese mismo nivel fue situado Emiliano Sosa, de 23 años y amigo íntimo del líder. Reconocido como uno de sus principales referentes en el barrio, según escuchas telefónicas se dedicaba a la administración del narcomenudeo. También le atribuyeron encabezar una serie de usurpaciones.
Otra hermana de Anto y Andy es Caren Micaela Caminos, quien junto con su pareja Jopo Rodríguez fueron sindicados por usurpar viviendas para vender drogas. Y en una tercera línea hay imputados que recibieron penas menores, en general por no haber sido acusados de cometer delitos violentos. Entre estos condenados, que según la pesquisa en general actuaban a las órdenes de Emiliano Sosa, estaba su hermano Alan, Maximiliano Verón, Micaela Faure, Clara Jaime y Nélida Cayetana Aguirre.
La protección de las víctimas
“El abreviado fue muy positivo porque cuando las víctimas van a juicio tienen mucho miedo, reviven la angustia y la violencia que sufrieron y ese proceso suele ser muy duro. Y cuando las víctimas están de acuerdo con un procedimiento abreviado, como en este caso, hay que escucharlas, es mejor para la pacificación, en este caso de todo un barrio”, valoró la fiscal Viviana O’Connell sobre la resolución del caso sin llegar a juicio oral.
En este sentido la fiscal fundamentó que “las condenas son acordes a la responsabilidad de cada uno: hay penas muy altas y otras bajas porque el grado de participación era menor”.
“Protegimos la identidad de vecinos que así se animaron a contar qué pasaba. Pero que hay que seguir protegiendo a mucha de esa gente porque sigue en el barrio. Creo que el caso se resolvió de la mejor forma para lograr la paz social que es lo que uno busca en este trabajo. Pero mantener eso depende de otros niveles del Estado; si no hay políticas de contención después puede volver la violencia”, agregó la fiscal, en momentos en que la violencia vuelve a ser cotidiana en esas calles de zona sur.
