El pasado 17 de octubre, en uno de los festejos del Día de la Lealtad, la presidenta Cristina Fernández volvió a cuestionar el egoísmo y la ceguera de los dirigentes del campo porque su rechazo a la resolución 125 impidió contar con los fondos necesarios para la construcción de una veintena de hospitales. Recordemos que ya en medio del conflicto agrario el Ejecutivo intentó justificar las retenciones móviles argumentando que el ingreso adicional que generarían se destinaría a hospitales, viviendas populares y caminos rurales. Cabe preguntarnos cuál sería el verdadero efecto fiscal de la polémica resolución 125 si el Senado la hubiese aprobado tal como había recibido media sanción en la Cámara baja, que incrementó las compensaciones a pequeños y medianos productores de soja y girasol y amplió el abanico de subsidios por fletes a los de áreas lejanas a los puertos. La diferencia entre lo que el Estado percibiría como ingreso adicional por el régimen de retenciones móviles y lo que debería devolver en concepto de compensaciones y subsidios, ¿alcanzaría para realizar aquellas obras de interés social prometidas?
