Si bien los jubilados tenemos justificados motivos para estar preocupados por nuestro presente, los trabajadores en actividad, al observar nuestras penurias, deberían tomar conciencia desde ahora imaginando cómo será su vida a partir del momento que deban jubilarse. En efecto, notando la forma en que el gobierno dilapida y hace uso de nuestros aportes previsionales destinándolos a diferentes fines para los que fueron legalmente instituidos, no deberían vacilar en acompañarnos en nuestros legítimos reclamos, contribuyendo con actitudes efectivas en terminar con la actual política inhumana de desprecio hacia los adultos mayores, asimilable a un verdadero genocidio. Por ello es, que de continuar con la estratagema de estafa oficializada que sistemáticamente viene llevando el gobierno, al concluir sus respectivas etapas de vida laboral activa se encontrarán con una sorpresiva y abrupta disminución de sus ingresos, en razón de que dicho organismo, de manera deliberada y cruel, incumple con la debida aplicación de las normas constitucionales y legales que regulan criterios y procedimientos para liquidar los beneficios previsionales. Además, cuando llegue el momento en que el Estado deba cumplir con sus obligaciones, conforme lo anunciado y declarado desvergonzadamente por el actual titular de la Ansés ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho organismo no contaría con fondos suficientes para hacer frente a aquellas obligaciones y estaría quebrada. Atentos a esas perspectivas, los jubilados actuales ven con mucha tristeza y desazón la falta de adhesión, compromiso y participación activa de los trabajadores actuales hacia nuestra causa, aceptando pasivamente las falsas declaraciones que de manera reiterada pregona demagógicamente el gobierno y la Ansés, cuando aluden a significativas mejoras otorgadas a los pasivos por los dos últimos gobiernos, sin señalar que hoy más de un 78 por ciento de los jubilados cobra los haberes mínimos, mientras que hace 10 años sólo la percibía el 17 por ciento, ni reconocer que la arbitraria e inconstitucional fórmula de cálculo de la movilidad no alcanza a compensar la creciente inflación que los jubilados y pensionados venimos soportando, ni que las prestaciones, en muchos casos, ni siquiera permiten satisfacer la canasta familiar. Somos todos responsables, activos y pasivos, para que de una vez por todas y juntos, rechacemos con vigor y a través del voto aquellos despojos y el injusto veto de la señora presidente a la ley del 82 por ciento móvil, sancionada el año anterior por el Congreso de la Nación. Me permito recomendar a los jóvenes trabajadores argentinos que tengan presente el artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, que expresa textualmente: "jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna". Y recuerden que lo que hoy es nuestro sufrimiento y en muchos casos el de sus familiares que se encuentran en igual situación, mañana, más que un sufrimiento, al no ser solidarios con los actuales jubilados en estas circunstancias, podrá resultarles una verdadera pesadilla.
