El financista rosarino Patricio Carey, imputado de lavado de activos por venderle dólares a un narco y otros delitos, recuperó ayer la libertad por orden del camarista Guillermo Llaudet quien declaró inválida su detención del pasado 4 de diciembre, cuando bajaba de un avión en el que regresaba de Qatar. El juez de segunda instancia resolvió la liberación del directivo de Cofyrco aunque con una serie de reglas como la prohibición de contacto con otros imputados o testigos, así como la prohibición para salir del país.
¿Por qué la Justicia liberó al financista que había encarcelado un mes atrás cuando los fiscales y una jueza consideraron peligroso para el proceso judicial un par de encuentros entre Carey con un empleado suyo que es testigo en la causa? Las razones de su decisión no fueron dadas a conocer por el camarista; al parecer no tenía a mano los fundamentos de la medida que, según fuentes judiciales, dará a conocer en otra audiencia que convocó para los próximos días. En esa oportunidad seguramente también se expedirá sobre otro punto controvertido de su resolución: la declaración de incompetencia de la Justicia provincial para la investigación de lavado de activos, a esta altura un clásico de las controversias judiciales que también ha cosechado resoluciones a favor por parte de otros camaristas.
Imputado
Carey es directivo de Cofyrco, una financiera del centro rosarino que quedó en el radar de los investigadores cuando se supo que el narco y ex barra brava de Newell’s Marcelo “Coto” Medrano había comprado allí 17 mil dólares horas antes de ser asesinado, el 10 de septiembre del 2020. El dato originó una serie de allanamientos y la apertura de una causa en la cual Carey fue imputado, en marzo de 2021, junto con otros dos directivos de la entidad y dos intermediarios.
En aquella ocasión Carey quedó acusado de lavado de activos por la venta de 17.776 dólares a cambio de 2.350.000 pesos que para los fiscales Medrano había obtenido ilegalmente. Pero además se le imputó el delito de tenencia de DNI ajenos por el hallazgo en sus oficinas de 174 documentos denunciados como extraviados, muchos de ellos en un boliche de La Fluvial. La pesquisa, que incluyó entrevistas con 90 dueños de esos DNI para constatar si habían comprado dólares, estableció que se usaron para hacer 306 compras de dólares a precio oficial que luego se revendieron a precio blue. Otra imputación para el financista fue la de encubrimiento.
Tras ser acusados, tanto Carey como el resto quedaron en libertad. Con el tiempo los coimputados fueron arreglando sus situaciones procesales en juicios abreviados. Fernando Vercesi y Teodoro Fracassi acordaron tres años de prisión condicional más multas de 35.552 dólares. Y el asesor financiero Guido Garay admitió las acusaciones en su contra con 400 horas de trabajo comunitario como probation.
Por su parte Carey continuó en libertad mientras su situación se encaminaba a dirimirse en un juicio oral para el cual todavía no hay fecha prevista, aunque ya se conoció un pedido de cinco años prisión con una multa de 80 mil dólares que solicitarán los fiscales.
Pero el 4 de diciembre cambió el panorama cuando el financista fue abordado en Ezeiza por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo fue a buscar cuando bajaba de un avión que venía de Qatar.
Si bien tenía permitido salir del país, el financista fue apresado en el aeropuerto a partir de un pedido de los fiscales de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, por un incidente que para ellos postulaba la peligrosidad procesal de la investigación si Carey seguía libre.
Días después los fiscales plantearon ante la jueza Melania Carrara que un testigo se había sentido amedrentado por Carey, quien lo había contratado como asesor en Cofyrco. Se trata de un empleado de la financiera que fue convocado dos veces a declarar en la Fiscalía y la segunda vez pidió que no quedara registro de su declaración por temor a represalias. Finalmente el testigo manifestó su temor luego de una reunión que había mantenido con el financista. En ese marco la jueza consideró que, a tono con los fiscales, Carey debía estar preso.
Ilegal y federal
Apelada por la defensa de Carey, la medida cautelar por 90 días resuelta por Carrara fue revisada por Llaudet en una audiencia de Cámara realizada el miércoles cuya resolución se conoció ayer. Pudo saberse que el juez de segunda instancia declaró ilegal la detención de Carey del pasado 4 de diciembre en el aeropuerto de Ezeiza, en virtud de una orden de captura requerida por los fiscales para llevarlo a audiencia por entorpecimiento probatorio. Si bien primero circuló que Carey tenía prohibido salir del país, luego se aclaró que no era así, por lo cual no había incumplimientos en ese sentido.
Al respecto Llaudet decidió retrotraer la situación procesal a la medida alternativa anterior a esa detención, aunque con agregados: “la expresa prohibición de contacto personal como por cualquier medio con todo imputado o testigo vinculado a la investigación y la prohibición de salida del país sin consentimiento fiscal o autorización judicial”.
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El camarista también se expidió sobre otro punto de la resolución previa que había apelado la defensa, que sostiene que la investigación del delito de lavado de activos no es de competencia provincial. Más allá de que varios camaristas se han expedido en este y otros casos sobre las facultades de la justicia ordinaria para intervenir en este tema, Llaudet consideró que no es así. Y declaró “la incompetencia de la Justicia provincial para seguir entendiendo en el presente caso en relación a los hechos investigados en orden a los delitos que fueran calificados como lavado de activos” en esta causa, “sin que ello impacte en la validez de lo actuado hasta el presente”.
