La investigación judicial por la resonante denuncia sobre recaudación ilegal de
la policía rosarina motivó ayer una batería de allanamientos, que abarcaron varios de los despachos
más encumbrados de la Jefatura y los domicilios particulares de un par de oficiales superiores. Las
requisas incluyeron las casas de cinco policías, entre ellos los secretarios particulares de los
números dos y tres en el máximo escalafón de la cúpula local, e incluso la del oficial que hizo la
presentación que destapó el escándalo.
En los allanamientos, según fuentes de la causa, se incautó documental diversa
que se puso a disposición del juez de Instrucción Nº 13, Osvaldo Barbero, quien ordenó los
operativos. Entre el material decomisado se encuentran archivos en papel, información almacenada en
computadoras personales y teléfonos celulares. Todos las actuaciones fueron registradas en video.
El Ministerio de Seguridad no informó de la remoción de ningún policía a raíz de estos
operativos.
Mañana de acción. Cuatro decenas de empleados de la Dirección Provincial de
Asuntos Internos de la policía iniciaron a las 9.30 la secuencia de nueve operativos simultáneos.
Al menos tres de esas brigadas se dirigieron a la sede de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos
5250. Allí fueron inspeccionados los despachos del actual subjefe de la fuerza, comisario mayor
Miguel Angel Rodríguez, y del anterior jefe de Orden Público, comisario inspector David Benavente,
separado de su cargo hace diez días.
Estos dos oficiales fueron señalados en la Justicia por el oficial auxiliar Juan
José Raffo, ex secretario privado del jefe de la Inspección Tercera Zona, como supuestos
organizadores del cobro de dinero sucio de parte de las comisarías de la departamental y de
distintas actividades ilegales toleradas a cambio de pagos periódicos.
Los efectivos de Asuntos Internos también allanaron los domicilios particulares
de Rodríguez y Benavente. También la vivienda de la madre de este último oficial.
Otras direcciones visitadas fueron las viviendas del cabo Facundo Lencina,
secretario privado de Rodríguez, y del oficial Gabriel Bahl, que cumplía la misma función para
Benavente.
Fue registrada además la sede de la Inspección Tercera Zona, situada en los
altos de la comisaría 4ª, en La Paz 450. Allí se desempeñó Raffo como secretario privado hasta el
inicio de este mes, cuando fue desplazado, lo que detonó posteriormente su denuncia judicial sobre
las cajas negras. La vivienda particular de Raffo también fue inspeccionada.
A examen. Fuentes cercanas a la causa judicial señalaron que tras el
aseguramiento de la prueba se inicia ahora la etapa de pericia sobre todo el material compilado.
Los operativos se circunscribieron a las personas señaladas en la denuncia de Raffo.
El hecho de que los allanamientos se produzcan a casi un mes de asentada la
denuncia generó la idea de que la cosecha de evidencia puede ser pobre. En Tribunales lo
relativizaban afirmando que lo incautado implica una prueba más entre otras cauteladas y, sobre
todo, que Raffo hizo pública su denuncia sobre la recaudación ilícita por los medios. "De ahí la
falta de urgencia: el denunciante se encargó de que todos supieran lo que se proponía hacer. El que
quiso cuidarse pudo haberlo hecho incluso antes de que el caso llegara a la Justicia: tanto los
presuntos recaudadores, como quienes pagan, como los que administran los supuestos montos", expresó
un portavoz judicial.
Raffo denunció que fue convocado para ser cobrador de las máxima jerarquía de la
Unidad Regional II y que le proporcionaron una lista —que incluyó en su denuncia— de
los montos usuales que se recaudaban en las comisarías y a los distintos pagadores del circuito
ilegal.
Adujo que al negarse a cumplir esa tarea Benavente lo insultó y le dijo que
sufriría represalias que , según dijo, creyó realizadas cuando lo relevaron de Inspección Tercera.
Raffo señaló además que al involucrar a Jonathan Camino, hijo de Roberto Pimpi Camino, en un
homicidio en Tablada —el de Sebastián Galimany— el subjefe de la Unidad Regional II le
dijo que por esa actuación le había hecho perder 50 mil pesos.
El oficial denunciante fue pasado a disponibilidad el año pasado acusado del
robo de una puerta de una pensión que tramita en un juzgado de Instrucción. Asuntos Internos lo
sospechaba por vínculos con la barra brava de Newell's durante la supremacía allí del ahora
fugitivo Pimpi Camino. En su defensa, Raffo dice que esas imputaciones son infundadas y que se
mencionan ahora para desacreditar su denuncia sobre cajas negras.
