Buenos Aires.— Los fiscales de todo el país contarán a partir de los
próximos meses con laboratorios regionales de investigaciones forenses propios para procesar las
evidencias de sus investigaciones y convertirlas en pruebas que resuelvan casos criminales. Se
trata de institutos de alta complejidad dependientes de los ministerios públicos provinciales que
por primera vez integrarán en forma federal a los fiscales de todas las provincias en
investigaciones interjurisdiccionales. En esos centros científicos se harán las autopsias de las
víctimas, se preservarán y estudiarán muestras de ADN y se analizarán hasta los más mínimos
elementos hallados en los lugares de los hechos.
El anuncio fue formulado por la procuradora general de la Suprema Corte
de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, en su carácter de titular del Consejo Federal de
Política Criminal, e impulsora de esta iniciativa.
Los primeros cuatro laboratorios se instalarán en las provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Salta y Mendoza y el año próximo funcionarán en otras regiones
del país. De esta manera, los fiscales dejarán de depender de peritos de policías provinciales y de
las fuerzas de seguridad nacionales y contarán con expertos forenses de los poderes judiciales para
analizar científicamente los elementos recolectados en sus causas. Además, compartirán información
y bases de datos con otras jurisdicciones, sobre todo para delitos complejos, como por ejemplo la
trata de personas.
El aporte de fondos para la instalación y equipamiento de los nuevos
laboratorios quedó formalizada tras la firma de un acuerdo entre los ministerios públicos de todas
las provincias y el Gobierno Nacional en un acto al que concurrieron 22 de los 24 procuradores del
país. El convenio, por el cual en 60 días la Nación aportará 15.000.000 de pesos, fue rubricado por
Falbo; la procuradora de Río Negro, Liliana Piccinini, presidenta del Consejo de Procuradores,
Fiscales Generales, Defensores y Asesores de la Argentina; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y
el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak.

































