El próximo 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, se podría dar la paradoja de que ocupe una banca en el Concejo de San Lorenzo un procesado por delitos de lesa humanidad, Pedro Alberto Rodríguez. Varios años atrás, ante una situación similar, remití una carta a los y las entonces concejales solicitándoles que, como hombres y mujeres de la democracia, no permitieran que Rodríguez asumiera. No tuve respuesta alguna. Hoy estimo que la situación es completamente diferente, desde distintos sectores existe un reclamo para impedir la asunción, tenemos una ley provincial —recientemente aprobada— para que aquellos que estén procesados o condenados en causas relacionadas con el terrorismo de estado no puedan ser candidatos. A esto podríamos sumarle la observación que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hiciera a la Argentina en el año 2000 (sesión 1.893) en la que reitera "su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar". Y agrega: "Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las fuerzas armadas o en la administración pública". La lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, la valentía de abogados y abogadas, el compromiso de querellantes —familiares, testigos y víctimas directas— así como las condiciones favorables generadas por una sostenida política nacional de derechos humanos ha desembocado en juicios que sepultan día a día la nefasta teoría de los dos demonios y permiten romper el manto de impunidad con el que se cubrió a quienes torturaron, violaron, desaparecieron, asesinaron, robaron y secuestraron bebés negando su identidad. Así como está en manos de la justicia que Rodríguez purgue sus delitos en la cárcel, está en manos de los y las concejales de San Lorenzo evitar que quienes perdimos a nuestros seres queridos en manos del terrorismo de estado no debamos sufrir nuevamente la afrenta de que este sujeto ocupe una banca de la democracia. Si por cobardía, indiferencia o falta de convicción en el estado de derecho esto no se evitara seguiremos buscando la respuesta de la Justicia, como hace más de tres décadas lo hacemos. Mi esposo, Hugo Parente y todos los compañeros y compañeras que fueron torturados, asesinados y desaparecidos se lo merecen.
