La inflación es parte del modelo económico sostenido por el gobierno. Los gremios y su organización central apoyan el modelo y el proyecto político, ergo, convalidan la inflación que fagocita los ingresos de los asalariados. Legítimamente los gremios demandan recomposición de salarios sin aceptar los índices inflacionarios del Indec sino los estimados por consultoras privadas multadas arbitrariamente por el gobierno. Todo un disparate. Los perpetuos conductores de algunos gremios y su confederación central convocan a movilizaciones para evitar que la Justicia investigue presuntos actos de corrupción de su máximo dirigente y bloquea a medios de prensa que los informan, con el silencio cómplice del gobierno, pero no convocan actos de protesta contra éste, responsable de la inflación depreciadora de salarios. La connivencia entre el poder político y el sindical es evidente. Los asalariados son un instrumento más para la defensa de intereses políticos de ambos poderes y hasta personales.
