La reciente decisión del gobierno nacional de
comprar 5 millones de lámparas de bajo consumo para
repartir entre los hogares de escasos recursos de todo
el país con el fin de ahorrar electricidad, medida que
en Santa Fe implementará la Empresa Provincial de la
Energía (EPE), deja más de un interrogante.
El primero es cómo hará el gobierno para impedir
una avalancha de reventa de esos focos, que al menos
quintuplica el costo de los comunes en el mercado. La
sospecha no es paranoica ni demonizadora de esa
práctica tan frecuente entre los sectores más pobres,
sino la admisión responsable y honesta de una realidad
que por más que se oculte no desaparece. Sí, en los
asentamientos irregulares eso ocurre.
Razones puede haber muchas. Una, la más obvia, es
que seguramente entre quienes son "usuarios no
clientes" de la EPE, es decir, entre quienes están
enganchados de la luz, la conciencia sobre la
necesidad del ahorro energético debe estar cuanto
menos disminuida respecto de quienes sí pagan el
servicio.
Porque aunque no sea políticamente correcto
decirlo, los propios técnicos de la EPE reconocen que
en materia de racionalidad en el uso eléctrico, si el
bolsillo no lo siente, difícilmente lo registre una
difusa y abstracta conciencia social sobre la energía
como bien no renovable.
Otra de las razones para la probable reventa es que
en los hogares que estarían dispuestos a practicarla
hay necesidades -y en esa categoría entra todo lo que
cada familia designe como tal, aunque para otras
pudiera ser accesorio- que la diferencia de precios
entre una bombita y otra podría satisfacer sin mayor
esfuerzo.
Ejemplo: si una incandescente cuesta 1,50 peso y
una de bajo consumo al menos 9, está claro que la
diferencia podría imputarse a otros objetos de deseo o
de necesidad, sean cuales fueran.
Entonces, ¿está mal el reparto de esos focos de
bajo consumo a unos 2,5 millones de hogares en
Argentina y 250 mil de ellos en Santa Fe (se darán dos
por vivienda)? ¿Servirá para algo la medida?
Es obvio que, al menos en parte, dependerá de cómo
se implemente. Si el trabajo de reparto se realiza con
una intensísima campaña de concientización con las
jefas y jefes de hogar más pobres, barrio por barrio,
que les demuestre en primer lugar que la sobrecarga de
los tendidos los afecta a ellos tanto o más que a
nadie quizás sirva para algo.
Aquí conviene recordar los cortes de calles y
autopistas por familias de barrios carenciados para
protestar por los cortes eléctricos que todos los
años, sobre todo en invierno, los dejan a oscuras. Cortes en los que paradójicamente esos
mismos hogares
tienen mucho que ver por el uso intensivo, simultáneo
y discrecional de la energía.
Aun así, me quedan fuertes sospechas. No porque
imagine que la conciencia sobre el efecto de las
acciones individuales en el bienestar colectivo esté
más disminuida entre quienes viven en villas de
emergencia o barrios humildes que entre quienes lo
hacen en zonas de clase media o alta. Todo lo
contrario. Si no, también basta recordar lo que pasa
en verano con los acondicionadores de aire.
La sospecha, en verdad, aparece porque no percibo,
sinceramente, que esa conciencia solidaria, por
llamarla de algún modo, esté extendida en ningún
amplio sector social.
¿Y entonces?, me pregunto, ¿el efecto del reparto
de las costosas lamparitas servirá sólo para ponerlas
en circulación en otros hogares (los que las compren)
y de esa manera cumplirá al menos con una parte de las
metas de ahorro?
No lo tengo claro. Sí entiendo que la decisión del
gobierno (y el enorme costo que implica) no puede
soslayar el honesto reconocimiento de lo que ocurre.
Porque en los asentamientos todo se vende y se
revende, lo cuentan sus propios habitantes y es hasta
comprensible.
Lo único que no se puede hacer es negar la realidad
social, creer que la entrega gratuita podrá
modificarla o confiar a ciegas en la eficacia
simbólica de los anuncios rimbombantes. De eso el
asistencialismo argentino, con todos los vicios de la
cultura política que lo acompaña, ha dado muestras de
sobra.
