La Justicia federal de Reconquista dictó procesamientos y embargos por usar facturas truchas para cobrar reintegros
La agroexportadora Vicentin se encuentra en default desde 2019.
El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde procesó a 14 ex directores de Vicentín saic y a la propia empresa por estafar al Estado mediante la presentación de facturas truchas para cobrar indebidamente reintegros impositivos. El magistrado ordenó embargos e inhibiciones hasta cubrir $ 100 millones para cada uno de los encausados.
Los procesados por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, un delito tipificado en la ley penal tributaria, fueron Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín y Norma Vicentín.
Todos podrán continuar el proceso penal en libertad aunque, por los montos involucrados, si hay condena será de prisión efectiva. El procesamiento también alcanzó a la firma Vicentín Saic.
La Justicia federal de la ciudad del norte santafesino actuó ante una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en 2020. El organismo aseguró que entre 2016 y 2019, los procesados se aprovecharon de manera ilegítima de beneficios fiscales por más de $ 100 millones de entonces. Para eso presentaron solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, respaldadas “recurrentemente” con facturación apócrifa.
Estas facturas, dijeron los sabuesos, fueron emitidas por decenas de supuestos proveedores que en muchos casos se revelaron inexistentes o con condiciones impropias del giro comercial fingido. Por ejemplo, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación, lugares de explotación inexistentes, etcétera.
Uno de los proveedores truchos, por caso, figuraba con domicilio legal en una escuela; otros en casas de familia con habitantes que declararon que viven allí “desde su infancia”, asegurando no conocer ni tener ningún tipo de relación con la firma investigada. Una dirección fue geolocalizada en el Océano Pacífico. También detectaron sucesivos cambios de domicilio fiscal y denominación informados en Afip.
En su defensa, los imputados aseguraron que las operaciones fueron realmente realizadas y que no fueron discutidas por la Afip. Lo que, según señalaron, detectó el organismo “muchos años después” fue que “ciertos proveedores no cumplieron con sus obligaciones fiscales”. Y se quejó porque “penaliza a los compradores”.
Pero el juez rechazó esa coartada. “¿Si la operación existió y el vendedor es inexistente, con quien contrató entonces Vicentin?”, se preguntó. También señaló que algunos testigos exhibieron un “argumentación infantil y falaz”.
Alurralde aseguró que la firma elaboraba registros –operaciones presuntas, asientos contables apócrifos, etc.- para aparentar como real una situación ficticia y así presentar el ardid defraudatorio. “No se trata de una burda mentira, de una farsa que sea evidente a simple vista”, aclaró. Se trata, dijo, de una maniobra que exigió una tarea de investigación por parte de la Afip para descubrirla.
Entendió que para defraudar al fisco, los imputados seleccionaban las personas físicas y/o jurídicas con las que supuestamente contrataban, “luego asentaban las operaciones mendaces y, más tarde, se pedía el reintegro de tributos que no pagaron porque los negocios jurídicos nunca existieron”. El monto del perjuicio fiscal asciende a la suma $ 143.254.723,61 según Afip, a lo cual oportunamente se le adicionaran intereses y multas.
Los directivos y ex directivos de Vicentín tienen abiertas varias causas penales. En el juzgado federal de Julián Ercolini (Comodoro Py), se los investiga por presunta estafa concertada con funcionarios del Banco Nación en perjuicio de la entidad financiera pública.
En la Justicia provincial están imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores. La principal operatoria denunciada, entre varias, fue quedarse con el cereal entregado con precio a fijar, venderlo y no pagarlo. Y falsear balances e informes financieros para simular una situación de fortaleza económica que le permitiera seguir recibiendo tanto esa mercadería, como créditos de bancos nacionales e internacionales.
En Reconquista también, el fiscal federal Roberto Salum investiga el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentin le vendió el 16,67% de las acciones por u$s 122 millones y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa, en perjuicio contra los acreedores.
Vicentín vendió las acciones el 2 de diciembre de 2019 y tres días después anunció su “estrés financiero”.
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La empresa manifestó su sorpresa por los procesamientos en atención a que considera que dentro del expediente existen razones de sobra para que se dicte la falta de mérito. Al mismo tiempo, la firma esgrimió que las operaciones realizadas con todos los proveedores fueron hechas en fechas previas a las objeciones posteriores realizadas por la AFIP. En su descargo, también contrastó que los números contenidos en el fallo representan solo el 1 % de la operatoria en ese rubro, un monto que resulta ínfimo teniendo en cuenta lo que abonaba la empresa por impuestos. Tras calificarla de injusta, Vicentin SAIC adelantó que recurrirá la resolución la semana próxima ante la instancia judicial superior.
Vicentin, entre los años 2016 y 2019, inventó 54 proveedores fantasmas, según la resolución del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde.
En la página 436 se lee: “...del análisis de débitos y créditos del impuesto al valor agregado de varios de los pretendidos co-contratantes, surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación y/o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa, es decir, no pudiéndosela catalogar como empresa en marcha”.
En la página 450, el juez destaca que “ni siquiera se pudo corroborar la existencia de la empresa que habían denunciado en Afip su domicilio en una escuela, en una casa de familia -con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico según geolocalización”.
El diputado provincial Carlos Del Frade (FSP), que investigó desde el principio el caso Vicentin y fue actor protagónico de la Comisión de Seguimiento creada en la Legisltatura, expresó que la resolución del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde pone de manifiesto “el colmo de la impunidad”.
“Inventaban empresas con domicilio en las aguas del océano. Como si fuera un título de una novela de Salgari, “Fantasma del Pacífico”. Pero no era una ficción, si no el dramático espesor del poder de los héroes nacionales según el presidente de la Nación, los fugadores de Vicentin”, subrayó el legislador provincial.
Respecto de la hipótesis de saneamiento de mercaderías adquiridas marginalmente “en negro”, el juez Alurralde funcionario judicial dijo que se reafirma con las propias manifestaciones de uno de los responsables de una firma cerealera de Córdoba, que expuso que la operatoria comercial es la de contactar a vendedores de granos, sin respaldo documental y entregarlo a esa firma, que “realiza la documentación necesaria para que llegue a puerto’.
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